Tomás Gómez
Menos de una semana duraron las incógnitas sobre quienes fueron los autores del video que lanzó amenazas contra el Gobierno y la Asamblea Legislativa con el llamado a una “cruzada revolucionaria”
El autodenominado “Frente Patriota 7 de julio” resultó ser un grupo liderado por viejos conocidos de la justicia y su ubicación, a la que definían cómo “algún lugar de la montaña”, estaba en una finca de Río Cuarto, en Alajuela.
Los primeros en caer fueron la cabeza de la agrupación, Álvaro Sequeira, y su hijastro Jeffry Fernández. Horas después, durante el allanamiento al terreno que sirvió de set para el video, se sumó la captura de Minor Masís.
Los tres nombres tienen un factor común: una simple búsqueda en Google da fe que el país ya los conocía.
Antes de ser noticia esta semana, todos habían protagonizado otras páginas de sucesos a lo largo de los últimos 30 años. Su lista de delitos iba desde estafa hasta homicidio, pasando por violación y privación de libertad.
Viejos conocidos
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, explicó el viernes anterior que el comportamiento de quienes aparecían en el video permitió su identificación.
Según Espinoza, “los detenidos tenían manifestaciones bélicas y de violencia contra terceros que coinciden con otros videos de ellos sin coberturas”, un perfil muy similar al historial de los detenidos.
Álvaro Sequeira, alias “Capitán Carabina”, ya había probado el guión de derrocar un presidente. En 1990 encabezó el “Brazo Armado del Pueblo”, cuya intención era sacar del poder a Rafael Ángel Calderón, mandatario de entonces.
Sequeira buscó el poder luego por la vía democrática, aspirando a la alcadía de Alajuelita. Primero lo hizo mediante el partido evangélico Renovación Costarricense y después con una agrupación propia.
Su activismo, cómo lo muestra este video, nunca lo dejó de lado:
”Comandante Cobra”, por su parte, era el sobrenombre de Minor Masís, un expolicía al que se le encargó destruir los plantíos de marihuana en Talamanca. Terminó condenado a 42 años de cárcel por una serie de delitos.
Según los medios de comunicación de la época, la condena se componía de 20 años por homicidio y 12 años por retener a varias personas a las que obligaba a jalarle las maletas, además de 8 años por violar a una mujer indígena y 2 más por robo de joyas.
Los hechos ocurrieron en 1992 y la condena llegó en 1996, por parte de los jueces Carlos Porras, Vinicio Castillo y Celso Gamboa Asch.
Irónicamente, una de las hijas de este último, Tatiana Gamboa Freer, estuvo acompañando a Masís durante las horas previas al allanamiento de este sábado.
El tercer detenido, Jeffry Fernández, registra en su hoja de vida pasadas policiales por privación de libertad, daños y tentativa de homicidio.
“Gente sin oficio”
Tras el allanamiento de este sábado, el periodista Allan Jara indagó entre los vecinos de la finca sobre las actividades de “Comandante Cobra” y no halló respuestas concretas sobre su ocupación, si acaso un cálculo de que llevaba unos cinco años habitando el terreno.
Esa falta de respuestas coincidió con el diagnóstico que ayer hizo Jorge Torres, subdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
“Se trata de gente sin oficio”, respondió Torres cuando se le preguntó por el perfil de las personas identificadas en el video.
Los análisis hechos por el OIJ y la DIS determinaron que el grupo total estaría compuesto por 15 personas.
En 24 horas cayeron tres de ellas y aunque los detalles son escasos, las autoridades sí dieron a conocer que mucha de la organización del “Frente Patriota” se gestó en un grupo de Whatsapp.
Los peligros del perfil ‘político’
El Observador conversó este sábado con el analista de seguridad Álvaro Ramos quien destacó que la investigación llevada a cabo por las autoridades no tenía mayor complejidad pues bastaba con mapear a los grupos que antes habían actuado bajo un patrón similar.
Según el experto, la agrupación posee un perfil más delincuencial que político.
“La muy mala experiencia latinoamericana explica que esos grupos tienen una fachada política y terminan teniendo actividades irregulares”, explicó Ramos.
“Antes sus grupos parecían tener un orden revolucionario radical pero ahora se parecen más a los grupos sudamericanos que se pusieron a la orden de los narcotraficantes, en eso terminan esos grupos siempre”, agregó.
A criterio de Ramos, las actividades de inteligencia son la mejor prevención con que se cuenta para prevenir el avance de grupos similares, los cuales tienen características fácilmente identificables.
En conclusión, el analista describió que “existe un perfil geográfico al que se debe prestar atención en el sector norte-oriental del país, así como en el Atlántico”. Según su criterio, hay más grupos, sobre todo en la Zona Norte, a los que hay que prestar cuidado por la forma de ejercer la ley en sus manos.
“Son grupos pequeños pero podrían hacer una fechoría muy grande con grandes impactos en el turismo o la estructura económica”, alertó Ramos.
Colaboró la periodista Paula Umaña
