Paula Ruiz
La falta de comunicación entre los departamentos de Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) complicó la investigación sobre el Caso Cochinilla.
A esta conclusión llegaron los diputados tras el careo que realizaron el martes entre Irma Gómez, auditora del MOPT y Reynaldo Vargas, auditor de Conavi. Ambos estuvieron en la Comisión Legislativa Especial que investiga este sonado caso.
Gómez había indicado que se pusieron a disposición de Vargas para una investigación tras los allanamientos realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) luego de destaparse el Caso Cochinilla.
La reunión realizada el 25 de junio anterior tuvo como respuesta por parte de Vargas que ya tenía todo cubierto.
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“La colaboración que le pedimos no la suministró para presentar el plan de trabajo conjunto (…) él indicó tener todo cubierto, fueron sus palabras textuales”, acusó Gómez.
“Le indiqué que en parte de contrataciones e irregulares esa parte la teníamos cubierta”, defendió Vargas.
Gómez por su parte, reiteró que se extendió el llamado a brindar la colaboración necesaria para investigar el tema.
Para el diputado José María Villalta, lo sucedido refleja descoordinación entre ambas auditorías “y eso hace que prolifere corrupción en el MOPT”.
Legisladores como Pablo Heriberto Abarca y Jonathan Prendas apuntaron a falta de coordinación entre las auditorías y centraron sus cuestionamientos en esta línea así como la desatención en las relaciones de hecho presentadas ante jerarcas.
Desamparados
Por otra parte, ambos auditores reconocieron que en muchas ocasiones remiten relaciones de hechos que conllevan a despido de funcionarios aunque son reinstalados por parte del Tribunal Contencioso Administrativo.
“El sistema disciplinario o los organismos directores internos no son ni expeditos ni adecuados y finalmente no hay sanción. Siempre como que la impunidad está ahí y hasta que haya una resolución final (se actúa) hay casos que duran 3, 4,5 años en atenderse”, puntualizó Gómez.
En tanto, Vargas indicó que ha remitido 13 informes desde el 2019 al ministro Rodolfo Méndez Mata pero, solo en tres casos ha habido sanciones a funcionarios involucrados.
El Caso Cochinilla estalló el lunes 14 de junio tras una serie de allanamientos realizadas por el OIJ en casas de habitación e instituciones públicas.
Producto de ello, se detuvo a 28 personas y solo dos contra dos se dictó prisión preventiva de cuatro meses las cuales se cumplen después del revés de un juez.
Reynaldo Vargas, auditor del Conavi e Irma Gómez (fondo) auditora del MOPT estuvieron en audiencia en Comisión de Caso Cochinilla. (Cortesía Asamblea Legislativa).
