Tomás Gómez
A casi dos años del estallido del escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la Fiscalía avanza con el caso y este miércoles pidió despojar de inmunidad al presidente Carlos Alvarado.
Al mandatario se le endilgan los aparentes delitos de prevaricato, abuso de autoridad y fraude de ley.
Por el cargo que ocupa Alvarado, el expediente se lleva de momento en la Fiscalía General y ante la Sala III.
En la misma causa se denunció al diputado del PAC y Exministro de la Presidencia, Víctor Morales.
Horas después de trascender la noticia, los abogados de Alvarado, Roger Guevara y Rodolfo Brenes, publicaron un comunicado donde critican en actuar de la Fiscalía.
Según dijeron, se enteraron por la prensa y “no conocen la existencia de expediente en el que supuestamente se emitió la acusación”.
Aunque insisten en que no conocen el documento concluyeron que “entonces no era necesario allanar”.
Los juristas calificaron la acusación de “precipitada” pues a su criterio aún falta ver pruebas, además de insistir en que según ellos no hubo delito.
“Los procesos penales son cosa muy seria, y deben tener única y exclusivamente como objetivo investigar hechos y determinar si se cometió o no un delito. La utilización del proceso penal con otros fines no es propia de un Estado democrático de derecho”, agregaron.
UPAD: de investigadora a investigada
El 21 de febrero del 2020 estalló el escándalo por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que habilitaba al Gobierno a acceder a información confidencial.
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El Gobierno corrió a derogar la norma, pero fueron develándose diversas actuaciones del personal a cargo.
Estas incluían datos hasta de iglesias evangélicas, así como diversos trámites para tener acceso a información delicada ante entes como el TSE y Sugef.
El caso quedó judicializado el 28 de febrero del 2020 con la intervención en la Fiscalía en Casa Presidencial.
A partir de ahí quedaron bajo expediente el propio Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Victor Morales, y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto.
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También se investiga a la jefa de despacho, Felly Salas; al asesor legal del decreto, Luis Salazar, y los funcionarios Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos. Ellos manejaban directamente el tema de datos.
La Asamblea Legislativa desarrolló en paralelo su propia investigación por el caso UPAD, donde se determinó que Casa Presidencial tuvo acceso a una amplia gama de datos de los costarricenses.
El presidente Carlos Alvarado tuvo que comparecer ante la Comisión Legislativa del caso UPAD en febrero anterior. (Cortesía Asamblea Legislativa)
Nota del editor: Esta nota se actualizó a las 9:30 con declaraciones de los abogados del presidente Alvarado
