Sergio Arce
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó este martes el pago del ajuste salarial de ¢7.500 al salario base mensual de sus 62.000 trabajadores.
Roberto Cervantes, gerente general de la CCSS, informó que el incremento a la base salarial se hará a partir del 2 de diciembre.
Por su parte, el pago retroactivo (correspondiente al año 2020) se pagará el 23 de diciembre.
Cervantes enfatizó que este incremento no aplicará a trabajares cuyas remuneraciones totales ordinarias sean mayores a los ¢4 millones.
Anuncio celebrado
El Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae) y la Unión Nacional de Trabajadores de la Caja (Undeca) anunciaron la noche del lunes que la junta directiva de la Caja dejó en firme el polémico aumento salarial.
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El tema llevaba meses en debate y finalmente quedó en firme tras enfrentamientos políticos, consultas a entes externos y hasta la destitución del anterior presidente de la CCSS, Álvaro Ramos.
“Este reajuste salarial y pago retroactivo se va a materializar en este mes de diciembre”, dijo el dirigente del Sinae, Lenín Hernández.
“Este reconocimiento económico no solamente es legal sino también es justo y necesario”, agregó.
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Según su mensaje, la decisión reafirma “la autonomía de la CCSS”.
“Pierden aquellas personas que han actuado de mala fe atentando contra la Caja, argumentando que reajuste salarial era ilegal, despidiendo a una persona inocente como lo fue don Álvaro Ramos”, cerró.
El aumento de la discordia
El pasado 8 de setiembre la junta directiva aprobó ejecutar un aumento salarial que estuvo congelado durante la pandemia de covid-19.
En promedio, se incrementarían ¢7.500 a uno 62.000 funcionarios.
Cálculos de la institución valoraron que la política costaría ¢10.000 millones por año, por los próximos 10 años, hasta el 2031.
Además, hay un monto de ¢8.000 millones de anualidad que se pagarían adicionales cada 12 meses.
El incremento, sin embargo, no estuvo exento de polémicas.
El Gobierno mostró su rechazo y el presidente Rodrigo Chaves terminó por destituir a Álvaro Ramos.
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El Ministerio de Planificación, por su parte, consideró semana atrás que el pago seguía suspendido y envió el caso a la Contraloría General de la República. Pero esta institución consideró que no era competente para pronunciarse al respecto.
Con ese escenario, la gerencia de la CCSS puso la semana anterior un ultimátum para que la Directiva decidiera sobre el futuro del aumento.
