Josué Alvarado
Hasta el 31 de diciembre del año 2021, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) había depositado ¢4.087 millones en pensiones a personas que ya habían fallecido.
El monto aumentó en relación a lo que se había depositado al cierre del 2020, cuando se calculaba en ¢3.418 millones.
Es decir, en un año y a pesar de que esta problemática ya se ha denunciado en otras ocasiones, la CCSS depositó ¢669 millones más en pensión a personas que habían muerto.
Así consta en un informe de auditoría hecho por la compañía Deloitte, emitido en mayo del 2022, del cual El Observador tiene copia.
El informe complementario enviado por Deloitte a la Junta Directiva de la CCSS señala que este monto “corresponde a las sumas de dinero transferidas a pensionados posterior a su defunción, y sobre las cuales su recuperabilidad es muy baja e incierta”.
Cuentas por cobrar
El monto total de las cuentas por cobrar al corto plazo de la CCSS asciende a ¢73.883 millones para el cierre del 2021.
De ese monto total el informe realizado por Deloitte señala que unos ¢15.145 millones representan sumas de dinero “por concepto de pensiones que se pagaron y no correspondían”, entre ellos los ¢4.000 millones transferidos a personas ya fallecidas.
Depósitos hechos al Benemérito Cuerpo de Bomberos, a jubilados del Poder Judicial, pagos al fondo de retiro y cobros a otras instituciones suman el total de montos que se transfirieron aunque no correspondía.
En el 2022 el monto de cuentas por cobrar a corto plazo de la CCSS era menor: ¢59.884 millones.
“Son hechos muy graves”
La diputada Vanessa Castro (Archivo El Observador).
La diputada del Partido Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro dijo que lo trascendental en un tema como estos, que en otras ocasiones se había dado a conocer, es sentar responsables.
“Si en nuestro país sentamos responsables por estas cosas no vuelven a suceder. El problema es que pasan, se señalan, pero nunca se sabe al fin y al cabo quién fue la persona o las personas que no realizaron su trabajo como tenían que hacerlo”, comentó.
Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Dinorah Barquero, calificó los hechos como “muy graves”.
Diputada Dinorah Barquero (Archivo El Observador).
Además, dijo que esto es inaceptable que siga pasando a pesar de la tecnología con la que se cuenta y los cruces de información que permitirían detectar que algún beneficiario ya falleció.
“¢4.000 millones es mucho recurso, son muchos ceros y hay que investigar qué es lo que ocurre con eso, aunque fuera menos”, comentó Barquero a El Observador.
Por otro lado dijo que es importante investigar quiénes fueron las personas a las que se depositaron esos fondos y cuáles son las razones por las que no se pueden recuperar, datos que no se precisan en el informe de Deloitte.
