Paula Ruiz
Luego de quedar claro que la venta del Banco de Costa Rica (BCR) requiere 38 votos como mínimo para su aprobación las fracciones legislativas han puesto sobre la mesa objeciones que pondrían cuesta arriba la pretensión del Gobierno.
Una de las principales dudas es porque el proyecto pretende que los diputados autoricen que sea una comisión del Ejecutivo que integran 5 ministros quienes determinarán cómo se hará la venta del banco.
En el Partido Liberación Nacional (PLN) no están dispuestos a darle un “cheque en blanco” al Gobierno para que ellos establezcan las condiciones y monto de venta de la entidad financiera.
“En principio sobre la venta del BCR hay una importante cantidad de compañeros con reservas y por eso vamos hacer análisis a fondo de la conveniencia o no de la venta y a la vez, de los mecanismos de esa venta que en poco es, dar cheques en blanco al Gobierno para hacer cosas gigantescas”, resaltó Óscar Izquierdo, subjefe de fracción verdiblanco.
Agregó que el próximo domingo 02 de octubre tendrán una encerrona para analizar la venta del BCR.
Por su parte, Daniela Rojas, jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) indicó que todavía no han analizado el apoyo o no a este proyecto de ley.
No descartó que en análisis de la iniciativa se realice con la asesoría del expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez, quien está abierto a la venta.
OBSERVE MÁS: Miguel Ángel Rodríguez a favor de vender el BCR y también la “totalidad” del INS
En tanto, la fracción del Frente Amplio son los únicos que abiertamente han expresado su oposición a la propuesta.
Tampoco están dispuestos a dar un “cheque en blanco” al Poder Ejecutivo para que ellos decidan las condiciones, precio y demás aspectos con la posible venta del activo del Estado.
“¿Qué es lo que va a arreglar la venta del BCR? Nada”, destacó. “Obviamente, aquí hay algunos que se hacen la boca agua pensando en obtener el negocio del Banco de Costa Rica, pero no nos equivoquemos, ni va a arreglar el déficit, ni va a ser una solución de deuda ni solución para la clientela”, fustigó Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio.
En el Partido Liberal Progresista (PLP) externaron la preocupación por la potestad otorgada al Comité pues lo convertiría en un órgano político.
“Cuando debería ser de naturaleza técnica-financiera, conformado por expertos en materia bancaria, financiera y económica que determinen las condiciones y requisitos para el proceso de venta, con el fin de evitar que se politice el proceso y eliminar cualquier desconfianza que pueda generarse entre la población”, dijo Eli Feinzaig, jefe de fracción del PLP.
El precio inicial
Una de las dudas de los legisladores es precisamente el proceso de venta del Banco que establece el proyecto de ley que presentó el Gobierno.
La ministra de la presidencia, Natalia Díaz, explicó que una vez aprobado el proyecto de ley, se deberá constituir la sociedad del Banco de Costa Rica S.A. Después, se conforma el comité de venta, se contrata a una firma experta en fusiones y adquisiciones”, dijo.
“Se trasladan los activos seleccionados para la venta de la sociedad anónima creada. De acuerdo con las recomendaciones técnicas de la firma especializada, se inicia con el proceso de venta de acciones”, amplió la jerarca.
Díaz consideró que “dependerá de la estructuración y estrategia de venta, así como de las condiciones del mercado”, el tiempo en que pueda concretarse finalmente la venta.
El proyecto de ley fijó un valor inicial a esta entidad bancaria: $1.785 millones. (aproximadamente 1.145 billones de colones)
El Poder Ejecutivo extrajo esta cifra de un cálculo que hizo el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el 2022.
“Es una estimación realizada con una serie de limitaciones y supuestos fuertes, a partir de información contable obtenida de los estados financieros anuales auditados y consolidados del conglomerado financiero BCR”, señala el proyecto de ley que ya está en manos de los diputados.
Las críticas de la oposición también tienen que ver con que esta venta aportaría poco a la deuda de $42.000 millones que tiene el país.
Los que decidirán la venta
El órgano del Gobierno que se encargará de la venta estará integrado por la persona en el cargo de ministro de Hacienda y será quien presida ese órgano. Además, estarán ministros de la Presidencia, Planificación, Economía y Trabajo.
El Observador cuestionó a Díaz sobre quién ideó la inclusión de ministros en el Comité de venta, aunque no respondió.
Más bien, optó por inclinarse a que están anuentes a conversar con las diferentes fracciones para consensuar modificaciones.
OBSERVE MÁS: Gobierno recurrirá a mesas de diálogo con diputados para lograr 38 votos para venta del BCR
“Estamos anuentes a eventuales modificaciones al proyecto, el cual se presentó siguiendo un modelo de no generar más burocracia y obtener la mayor rentabilidad posible, dado que otros proyectos presentados han planteado la creación de una unidad ejecutora la cual tendría mayores costos para el país”, señaló en una respuesta enviada a este medio.
“Por eso, nosotros optamos por el Consejo de Gobierno, asesorado técnicamente por una firma experta y por sus respectivos equipos”, informó.
“Además, el modelo está ligado a la ley de Control Interno, siendo la Auditoría Interna de Hacienda la encargada de la fiscalización. No obstante, el proyecto podría modificarse para fortalecer los controles y fiscalización. Hay que recordar que la presentación del proyecto de ley es tan solo el primer paso, no la versión final, para ello es justamente el filtro y estudio del Congreso”, culminó Díaz.
“Por supuesto, propondremos los ajustes necesarios para mejorar este proyecto, que consideramos de vital importancia para el desarrollo futuro de nuestro país”, adelantó Feinzaig.
Largo proceso
Al proyecto de ley todavía le espera un largo camino en el Congreso. Primero debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Culminado ese proceso, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, determinará la Comisión Legislativa donde se analizará el plan.
Ese análisis implica el envío de consultas a todas las instituciones implicadas, además de audiencias con jerarcas de varias autoridades.
El reglamento legislativo establece un periodo de 30 días hábiles para el dictamen a partir del ingreso al orden del día. Ese dictamen es fundamental porque establece una recomendación al Plenario Legislativo para aprobar el proyecto, caso contrario corre su archivo.
Este plazo podrá ser ampliado por una única ocasión cuando así lo solicite la Comisión y por el plazo máximo de un mes, establece el artículo 186.
Posteriormente, el plan seguiría su trámite en el Plenario Legislativo que también implica mociones para las cuales no hay límite de presentación de enmiendas.
Superada esta etapa continúa con su votación en primer debate. En caso de ser afirmativo, pasa a su segunda votación para definir si se convierte en Ley de la República.
OBSERVE MÁS: Trabajadores del BCR rechazan declaraciones del presidente Chaves sobre el banco y fustigan proyecto de venta
