Tomás Gómez
El conflicto por el monitoreo de tobillera electrónicas suma un nuevo episodio ahora que la labor pasará de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) a Radiográfica Costarricense (Racsa).
Luego de perder el negocio, la ESPH emitió un comunicado donde critica la decisión y cuestiona al nuevo proveedor.
“Este consorcio implementaría tecnología que en el pasado fue descartada por el mismo
Ministerio de Justicia y Paz, por su fácil vulneración por parte de la población monitoreada
y graves falencias tecnológicas”, anotaron.
Incluso calificaron como un “retroceso” el equipo que se usaría.
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En respuesta, la Casa Presidencial contestó que las aseveraciones no eran reales y que la propia ESPH era objeto de cuestionamientos.
“La información divulgada por la ESPH es temeraria, falsa y malintencionada. El
comunicado pretende generar confusión de forma maliciosa”, detallaron.
“Lo paradójico y más ofensivo a la verdad es que la tecnología que opera ESPH
el día de hoy no cumple con los requerimientos técnicos y estándares de calidad
exigidos en el pliego de condiciones por parte del Ministerio de Justicia”, sumaron.
Largo camino por las tobilleras
La implementación del monitoreo electrónico se comenzó a gestar durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís.
En un primer momento se buscó financiarlo con el BID pero luego se decidió hacerlo con presupuesto nacional.
Fue ahí cuando la ESPH y Racsa compitieron por el contrato, que finalmente se dejó la primera. La polémica siempre rodeó el proceso e incluso se investigó a nivel judicial.
Para 2019 se intentó un nuevo concurso internacional para lograr un nuevo proveedor, sin que a la fecha se haya materializado un resultado.
De manera interina se había ampliado el contrato a la ESPH y luego se había resuelto a favor de un consorcio liderado por Racsa. No obstante, este último concurso está en medio de apelaciones en la Contraloría.
Las tobilleras con Racsa
Dado que la extensión vigente con la ESPH vence el 8 de marzo, se decidió firmar un nuevo convenio de emergencia, pero esta vez con Racsa.
Según Justicia, la ESPH ofertó mantener el contrato a un costo unitario de $11.64, pero Racsa cobraría $9.60. Con esto se proyecta un ahorro de $2.04 por cada tobillera instalada.
El contrato de urgencia se mantendrá activo hasta que quede en firme la nueva contratación.
La adjudicación definitiva, sin embargo, sería para el “Consorcio para el Monitoreo de personas en C.R.”. Como se señaló antes, además de Racsa, este lo integran las firmas Servicios de Gestión en Seguridad Vial SGSV Sociedad Anónima y Synergye Tecnología Da Informaçao LTDA.
La promesa es que darían el servicio por $ 5.99.
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El Ministerio de Justicia anunció también que se reforzaría el área de la Policía Penitenciaria que ve las tobilleras. Un total de 32 oficiales reforzarán la vigilancia, que estará activa las 24 horas.
Actualmente 1.838 personas tienen el beneficio de la tobillera, el cual es asignado por un juez.
