Tomás Gómez
El Ministerio de Justicia y Radiográfica Costarricense (Racsa) firmaron un contrato para brindar el servicio de monitoreo electrónico mediante tobilleras.
La negociación se hizo mediante la figura de “contratación de urgencia”. Esto dado que el 8 de marzo vence el actual contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
Aunque se hizo un concurso internacional para tener un nuevo proveedor -que de hecho lo ganó con consorcio donde participa Racsa-, este proceso tiene apelaciones que están en trámite en la Contraloría General de la República.
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Según Justicia, la ESPH ofertó mantener el contrato a un costo unitario de $11.64, pero Racsa cobraría $9.60. Con esto se proyecta un ahorro de $2.04 por cada tobillera instalada.
El contrato de urgencia se mantendrá activo hasta que quede en firme la nueva contratación.
Lo que vendría para las tobilleras
Según los detalles que han trascendido sobre el concurso para el nuevo encargado de tobilleras, el servicio lo daría el “Consorcio para el Monitoreo de personas en C.R.”.
Como se señaló antes, además de Racsa, este lo integran las firmas Servicios de Gestión en Seguridad Vial SGSV Sociedad Anónima y Synergye Tecnología Da Informaçao LTDA.
La promesa es que darían el servicio por $ 5.99.
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El Ministerio anunció también que se reforzaría el área de la Policía Penitenciaria que ve las tobilleras. Un total de 32 oficiales reforzarán la vigilancia, que estará activa las 24 horas.
Actualmente 1838 personas tienen el beneficio de la tobillera, el cual es asignado por un juez.
El monitoreo mendiante tobilleras lleva varios años en ejecución (Cortesía)
Largo camino
En julio anterior la Contraloría General de la República (CGR) avaló que el Ministerio de Justicia realizara una licitación internacional para las tobilleras electrónicas, tras rechazar los recursos de objeción presentados al cartel de licitación.
A la fecha, 1.800 personas portan el dispositivo electrónico en el país. Uno de los cambios contemplados en el segundo cartel es que el tiempo de alerta pasa de 60 segundos a 15 minutos.
El uso de tobilleras como alternativa a las cárceles ha estado marcado por cuestionamientos desde el inicio de su implementación.
Originalmente se financiaría mediante el BID pero luego se recurrió a presupuesto nacional y una contratación entre entes públicos, que evitó el largo proceso burocrático. Por el negocio compitieron Racsa y la ESPH, ganado la segunda.
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Para cumplir, se hizo necesario una subcontratación, que también levantó roncha y tras varios conflictos incluso debieron sustituir al proveedor tercerizado.
Desde el 2019, la gestión de la exministra Marcia González arrancó el proceso para el contrato internacional. Con el cambio a la nueva jerarca, sin embargo, se frenó el plan para incorporar “lecciones aprendidas”.
El proceso se dilató y no fue hasta febrero del 2021 cuando se lanzó el nuevo cartel.
Paralelamente a los temas administrativos, la Fiscalía sigue una causa donde figuran hasta un exdiputado y un exmagistrado por eventuales irregularidades en el proceso de contratación original.
