Paula Ruiz
La colocación de escáneres, un cambio en varias leyes y críticas hacia jueces forman parte de las respuestas del presidente de la República Rodrigo Chaves y del ministro de Seguridad, Jorge Torres, al ser consultados sobre la estrategia para combatir la ola de homicidios en el país.
En dos ocasiones durante lo que va del año, ambos recibieron estas consultas en las conferencias de prensa: el 26 de enero y 2 de marzo. Ambas respuestas fueron similares.
El primer día, Chaves criticó la liberación de dos ecuatorianos quienes traficaban cocaína en aguas territoriales costarricenses y, que por su condición de pobreza, fueron soltados por jueces, dijo el mandatario.
“A mí me dan ganas de llorar y los soltaron”, expresó.
Por tanto, apeló a que la solución a la criminalidad es un “ecosistema que depende del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo”.
Posteriormente, el jefe de Estado señaló que la ola de homicidios tiene como principal problema el enfrentamiento de bandas criminales, agregó que “y si los quitamos, Costa Rica sería un país muy seguro”.
De esta manera, apuntó a que la causa principal se relaciona con el tráfico de droga, para lo cual impulsa la colocación de escáneres.
“Ya vienen los escáneres estamos comprometidos ya, estoy monitoreando el tema cotidianamente”, destacó. La promesa es que todos los puertos y fronteras tengan el equipo, en el primer semestre del año.
“Les mando un mensaje”
Por su parte, el ministro de Seguridad, Jorge Torres no dio ninguna solución a esta problemática y lo que hizo fue dirigir sus críticas hacia las decisiones de los jueces.
Su malestar surge porque varios cuerpos policiales detienen a personas aparentemente ligadas a la comisión de delitos, sin embargo son liberados por los administradores de la justicia.
Para el jerarca, esto provoca que al quedar en libertad son buscados para atentar contra sus vidas o bien, para que ellos mismos cometan algún crimen.
“Les mando un mensaje a los jueces, estamos trabajando bien con el Fiscal General, estamos en un frente común con OIJ y Fiscal General”, manifestó Torres.
El jerarca señaló que no pueden actuar solos y que se requiere que los tomadores de estas decisiones no dejen en libertad a personas sospechosas de ciertos delitos.
Jorge Torres, ministro de Seguridad (en el podio) no dio ningún plan. Cortesía: Casa Presidencial.
Cambiar las leyes
En la nueva consulta del 02 de marzo, Chaves reconoció que los escáneres estarían siendo colocados a partir de junio o julio, por tarde.
“Es un gran paso transformacional para evitar que el negocio del narcotráfico florezca en este país”, dijo el mandatario.
Pese a esto, quedaría pendiente la estrategia para el menudeo y “otras cosas”, aceptó Chaves.
Al igual que la primera vez, apuntó a que esta problemática tiene su principal fuente la guerra de bandas por narco.
Y, también Torres, reiteró que están trabajando en ese frente común con el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Aseguró que “estamos empezando a tener incidencia no solo en homicidios, sino en decomisos de droga”.
Nuevamente, reiteró que hay jueces que se “colocan en el nivel de violencia,” frente a otros “muy irresponsables.
Ahora bien, como una idea más aterrizada, el mandatario apuntó a modificar leyes con tal de enfrentar esta problemática.
Según expuso, tendrá un encuentro con Rodrigo Arias, presidente del Congreso y Orlando Aguirre, jerarca del Poder Judicial con tal de que las iniciativas de reforma sean presentadas en conjunto.
El interés se basa en que la Asamblea Legislativa “actúe cambiando esas leyes tan importante (como) el Código de Procedimientos Penales, para dar ejemplos, el Código Penal, la Ley de Explosivos, las Regulaciones de Ejecución de la Pena, medidas cautelares y grados de discreción de jueces”.
Una de las críticas hacia el Poder Judicial de parte de Chaves es que en 2022 se dio el decomiso de alrededor de 2.000 armas, y solo hay 17 sentencias porque “las penas son muy chiquitas”.
Cabe recordar que las iniciativas de ley llevan un proceso en la corriente legislativa que, en caso de no haber una mayoría en apoyo, irá por su vía ordinaria
Ese procedimiento implica un amplio análisis en una comisión legislativa, mociones y discusión y audiencia previas a emitir un dictamen dirigido al Plenario.
Luego, en este espacio hay un tiempo de discusión para el primer y segundo debate donde todos los 57 diputados tienen derecho a dar su punto de vista sobre el plan en análisis.
Chaves prometió que la ruta en este tema estaría afinada esta semana, sin embargo no existió anuncio relacionado.
Este miércoles no hubo conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno por lo cual, la expectativa está puesta en este miércoles 15 de marzo.
Víctimas colaterales se triplican
El interés de la ciudadanía por conocer una política en materia de seguridad guarda relación con que hasta el jueves 09 de marzo se contabilizaron 160 homicidios de los cuales, 44 se registran en San José, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Asimismo, del total de casos que se acumulan en 2023, 37 sucedieron en Limón, seguido de Puntarenas con 24 y 15 en Guanacaste.
La cifra la continúa Alajuela con 19, Heredia 11 y Cartago con 10.
Mientras tanto, a la misma fecha pero, en 2022, la cantidad de asesinatos fue de 132.
Las proyecciones del OIJ indican que con esta misma tendencia, el presente año podría cerrar en diciembre con cerca de los 900 asesinatos, y el 2024 superando la barrera de los 1.000.
Mientras tanto, a inicios de marzo se presentó la Memoria 2022 del OIJ. En ella se conoció que las víctimas colaterales pasaron de 7 en 2021 a 18 en 2022 es decir, un aumento de 11 personas que fallecieron “por estar en el lugar y momento equivocado.”
La historia más reciente que impactó el país sucedió en Zapote cuando el niño Samuel Arroyo, de 8 años, fue impactado mientras dormía en su casa de habitación.
El menor falleció el 28 de febrero después de soportar varias intervenciones quirúrgicas debido a que el proyectil lo impactó en su pecho.
Dos días después de su deceso, la policía detuvo a un menor de 15 años como sospechoso de participar en la balacera que provocó la muerte de Samuel.
Él permanecerá dos meses en detención provisional.
Esta semana se realizaron otros allanamientos en Pavas, por este mismo caso, sin que se reporten nuevas detenciones.
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