Hermes Solano
Este miércoles se presentó el cuarto informe Estado de la Justicia, elaborado por el Programa Estado de la Nación, ente que desde 2012 firmó un convenio con el Poder Judicial.
En el nuevo informe se detalle la pérdida de confianza de la población en la labor de los órganos judiciales en los últimos años.
Según los datos presentados, la confianza ciudadana en 2018 estaba en el 49% y la desconfianza en el mismo porcentaje. Para el 2020, la gente que confiaba en la labor de magistrados, jueces y fiscales cayó al 40% y la desconfianza subió 10 puntos porcentuales, para ubicarse en 59%.
Para los expertos que realizaron el estudio, el índice de desempeño del Poder Judicial ha venido deteriorándose.
Esto se refleja en la cantidad de casos terminados; es decir, que tuvieron una sentencia y el número de casos circulantes, que todavía están en proceso.
Los números
Hay seis materias judiciales que han tenido un aumento de casos que quedaron sin resolverse entre 2019 y 2021.
Se trata de casos por cobro judicial, notarial, penal, agrario, laboral y pensiones alimenticias.
Estos son los números de casos que están circulantes:
Cobro judicial: en 2019 tenía 749.959 casos sin resolver, número que para 2021 alcanzó los 854.412. Tuvo una variación porcentual del 13,9%.
Notarial: en 2019 tenía 5.014 casos circulantes, mientras que el año anterior cerró con 5.520, para un incremento del 10,1%.
Penal: tuvo un crecimiento de casos sin resolver hasta el momento de 9,5%. Pasó de 143.115 casos circulantes en 2019, a 156.710 en 2021.
Laboral: pasó de 57.127 en 2019, a 61.085 el año anterior, mostrando un crecimiento de casos sin resolver de 6,9%.
“En 2021 laboral tardó, en promedio, casi cuatro meses más en resolver un caso que en 2019. En penal vemos el mismo comportamiento: el Primer Circuito de San José aumentó, en promedio, 308 días al proceso entre 2019 y 2021”, indicó la coordinadora del informe, Evelyn Villarreal.
(Cortesía Poder Judicial)
Concentración de poder
El informe detall que se ha dado una dinámica de poder vertical que ejercen los Magistrados de la Corte Plena, sobre el resto del aparato judicial.
Según la investigadora, los Magistrados asumieron muchas labores administrativas, que consideran inconveniente por la influencia interna a la hora de elegir personas en diferentes puestos.
“Ahora tenemos datos para evidenciar la concentración de poder en la Corte Plena y el Consejo Superior en cuanto a la gestión del recurso humano, lo cual posibilita afirmar que, en la práctica, la forma de realizar los nombramientos crea una influencia inconveniente sobre la independencia interna de jueces y juezas”, indicó Villareal.
“La cúpula determina con alto nivel de discrecionalidad los nombramientos en propiedad, ascensos, sanciones o destituciones, sin contrapesos o revisiones efectivas”, añadió.
El informe destaca que uno de los desafíos más relevantes sigue siendo la desconcentración de esta labor administrativa y su traslado hacia un órgano especializado.
