Tomás Gómez
La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi), establecida para contar con un sistema de alternativas a la atención a los menores en primera infancia, acumula una serie de señalamientos en la evaluación que le aplicó la Contraloría General de la República (CGR).
“La Contraloría General, determinó la existencia de debilidades en materia de Gobernanza y servicios de la Redcudi que no permiten asegurar razonablemente el cumplimiento del marco normativo y técnico aplicable, así como de los estándares esenciales de calidad definidos para esa Red”, advierte el informe.
Entre los hallazgos generales destacan:
- En una muestra de 43 centros de cuido, se identificaron incumplimientos de los estándares y disparidades en la calidad de los servicios brindados por las alternativas de atención. Según la institución a cargo de cada centro (Cen-Cinai, PANI, IMAS) las brechas en el desarrollo de la niñez varían.
- La cobertura en servicios de cuido y desarrollo infantil creció sólo un 1,6% entre 2018-2022. Esto se queda muy por debajo de la meta de 15% establecida en el Plan Estratégico Interinstitucional para ese periodo.
- Entre 2018-2022 únicamente se aprobaron 15 de 101 acuerdos planteados en la Comisión Consultiva. Esto afecta el direccionamiento de la Red y su adecuada operación, a través de la emisión de políticas, lineamientos y otros, repunta Contraloría.
- Hay falta de claridad en roles y responsabilidades tanto en instituciones que integran las instancias de la Red, como en la Comisión Técnica Interinstitucional; lo cual afecta contribuciones e implementación de acciones, para el cumplimiento de los objetivos, dificultando la mejora de los servicios de cuido y desarrollo infantil.
3 meses para hacer cambios en Red de Cuido
Aparejado a su análisis, la Contraloría emitió una serie de requerimientos para enmendar la situación del la Red de Cuido.
Una de ellas es que al 31 de enero del 2024 deberá estar definidos y divulgados los “Estándares esenciales de calidad en los servicios de cuidado y desarrollo integral en Costa Rica”. Estos serán obligatorios y deberán definir la responsabilidad de las instituciones públicas de verificar su cumplimiento.
También se recalca el problema recurrente de recursos y limitaciones de la Regla Fiscal. Con ese panorama, se llama a “determinar la factibilidad de obtener financiamiento alterno para el aumento en la cobertura y la mejora de la calidad de los servicios de cuidado”.
En términos generales se exige también un ajuste en la manera en que trabaja la Comisión Consultiva de la Red. Dicho grupo reúne representantes del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), pero también del Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Para ordenar su trabajo se pide “elaborar, divulgar e iniciar la implementación de un procedimiento para planificar y programar las sesiones”. Aunado a ello, se ordena dejar claro:
- Responsabilidades y atribuciones de sus miembros
- Causas y requisitos que justifiquen sus ausencias o retiros de las sesiones
- Reglas que rigen las sesiones y votaciones sobre actas y acuerdos
- La instancia de la Redcudi que debe asumir las funciones de una secretaría del órgano consultivo.
