Hermes Solano
En medio de la pandemia por el covid-19, la Asamblea Legislativa aprobó crear un fondo de avales con el fin de poder otorgar créditos a aquellos pequeños y medianos empresarios golpeados económicamente.
Para ello, se negoció un crédito de $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). De ese monto, $30 millones se destinaron al pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Los otros $270 millones quedaron en las arcas del Ministerio de Hacienda y de ahí no han salido. Casi dos años después del desembolso, las autoridades no utilizaron el dinero para los fines aprobados.
“El presidente no mostró ningún interés en ejecutar este proyecto de ley y al no usarlo, ese dinero no se utiliza. Están sin ningún uso y faltando al cumplimiento de la ley que se aprobó”, cuestionó Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios.
“Lo lamentable es que se han pagado $33 millones en intereses que se pudieron haber usado para otros fines, más ahora que se han dado a conocer recortes en becas, vivienda y otros renglones importantes”, añadió.
La Contraloría General de la República también hizo el señalamiento, principalmente a raíz del interés del Gobierno de usar los fondos para otros fines, algo que no lo puede hacer libremente.
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Respuesta de Hacienda
El BCIE informó el 22 de abril de 2022 haber hecho el desembolso total de los $270 millones “con el que brindará respaldo crediticio a más de 25.000 emprendedores afectadas por la pandemia de covid-19”.
Se explicó que los recursos sería colocados en las entidades financieras nacionales para que ofreciera créditos nuevos o readecuaciones de deuda a las mipymes, cubriendo avales de hasta el 75% del monto principal solicitado por las empresas en caso de que estas no puedan afrontar la deuda.
Eso finalmente no pasó.
Inicialmente, según la ley aprobada en la Asamblea Legislativa y de acuerdo con lo que informó el BCIE los recursos se colocarían en las entidades financieras nacionales “para que ofrezcan créditos nuevos o readecuaciones de deuda a las mipymes, cubriendo avales de hasta el 75% del monto principal”.
Eso tampoco sucedió.
La diputada Ramírez envió un oficio al Ministerio de Hacienda solicitando aclarar algunos puntos respecto a la situación de ese dinero.
Recibió respuesta del ministro Nogui Acosta el pasado 18 de enero.
“Respecto a los USD 270 millones, no han sido utilizados por el Ministerio de Hacienda; y referente a los USD 30 millones, ya se ha transferido a la Caja Costarricense de Seguro Social a diciembre 2023 la suma de ¢8.530 millones”, fue una de las respuestas.
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Cambiar condiciones
Acosta le dijo a la legisladora que la idea es utilizar esos recursos “para sustituir la fuente de financiamiento de deuda, de los rubros de gastos ya autorizados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República correspondiente”.
Incluso, señalaron haber hecho la consulta al BCIE sobre si existe la posibilidad de hacer el cambio.
Según la Contraloría, de acuerdo a lo que explicó la diputada Ramírez, para poder usar los fondos en otro destino, debe renegociarse el contrato y además, ser aprobado como ley en la Asamblea Legislativa.
“La Contraloría es clara en establecer que, para poder hacer uso de esos recursos, debe ir ante el BCIE y establecer un nuevo contrato de crédito, cambiarle el destino, ya sea para pago de deuda u otro fondo de avales”, explicó la verdiblanca.
“Se estableció un contrato de crédito y posteriormente se mandó para hacer la ley de fondo de avales. El contrato establece que es para eso y si quieren cambiar el destino deben enviarlo al BCIE y hacer otra ley para respaldarlo”, finalizó.
Sin embargo, en el oficio enviado, Hacienda adjunta respuesta de Álvaro Alfaro, Jefe país del BCIE en Costa Rica en la que habla de una modificación que liberaría los recursos.
“El Banco modificó la resolución aprobatoria del Préstamo No. 2252 liberando el destino de las limitaciones establecidas originalmente, por lo que si los recursos se usan para sustituir deuda interna o externa, el BCIE lo considerará como un destino elegible y acorde con lo estipulado en el contrato suscrito”, dice.
Ante esto, Acosta indicó que se desprende que no se requiere modificación al contrato de préstamo.
