Redacción El Observador
Por Marcela Villalobos, para El Observador
El alivio a las finanzas públicas que el establecimiento de un salario global impondría a los servidores públicos dentro del proyecto de Ley de Empleo Público peligra. Esto, si persiste la redacción propuesta sobre el principio de la negociación colectiva.
Según expertos no solamente se abre un portillo, sino que se da una contradicción.
El proyecto de Ley de Empleo Público que se tramita en la Comisión de Gobierno y Administración está a la espera de la aprobación de un nuevo texto sustitutivo. Existen dos propuestas, una impulsada por diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y otra por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En ambas se establece como principio el mecanismo de la negociación colectiva.
“El principio de las convenciones colectivas mataría al salario global por la redacción. Es un contrasentido introducir la negociación colectiva porque por ese lado se privatiza el empleo público. La Ley no tendría ningún sentido porque eleva la negociación colectiva a principio fundamental del empleo público. Eso significa que las convenciones son permitidas en todas las instituciones y la jurisprudencia de la Sala dice que solo se permite donde hay entes de régimen de competencia”, dijo Rubén Hernández, abogado constitucionalista.
Es decir, entidades en régimen de competencia como es la parte de telefonía del ICE; el INS sí pueden beneficiarse con este mecanismo, no así otros entres como ministerios, municipalidades, CCSS y universidades que son entes de gestión administrativa.
Al legitimarse y abrirse el umbral para las negociaciones colectivas, pese a que se establezca el salario global, existiría un portillo para que al vencerse estas convenciones nuevamente se restituyan los pluses salariales a través de nuevas negociaciones lo que dejaría obsoleto el salario global.
“La Sala IV ha dicho claramente que las entidades públicas que ofrecen servicios de la administración no pueden tener convenciones colectivas, y ahora se inventan este cuento de la OIT para meter en la ley a aquellas partes de la administración pública que no tenían acceso a convenciones colectivas, es una alcahuetería”, dijo el economista especialista en políticas públicas Eliécer Feinzaiq.
Tanto Feinzaiq como Hernández explicaron que las convenciones colectivas están hechas para el sector privado donde se rigen por mínimos legales, en el sector público es distinto porque hay de por medio fondos públicos y existen reglamentaciones, leyes y el Código de Trabajo.
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¿Qué dicen los diputados?
El Observador se dio a la tarea de buscar el criterio de varios diputados de la Comisión de Gobierno y Administración. Algunos indicaron que están dispuestos a una revisión de la redacción, otros señalaron que se apegan a lo establecido por la Constitución Política y el convenio 98 de la OIT que establece las convenciones colectivas.
“Estamos en una coyuntura donde la casa se quema, se ocupa tomar decisiones y urge que las tomemos. Sobre el tema de las convenciones colectivas hay que encontrar una redacción mejor”, dijo Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC.
De igual manera el diputado independiente Dragos Donalescu indicó que debe armonizarse la redacción a la luz de lo que señala la Constitución Política. En esa misma línea se encuentra la independiente Zoila Volio.
El dilema del salario global
Por otro lado, los diputados mantienen una discusión sobre si dentro del avance del proyecto el establecimiento del salario global en el sector público debe incluir a los trabajadores actuales y los nuevos o solamente a las nuevas contrataciones después de aprobada la ley.
El estira y encoje surge al considerar una indemnización a los funcionarios actuales que entren en esta categoría. No se ha identificado cuánto sería el costo y la capacidad del Estado para asumirlo en el corto plazo.
La posición de la propuesta del PAC, respaldada por otros legisladores, es que debería regir para los nuevos funcionarios. Pero el PUSC considera que no hay tal impacto por indemnizaciones. Según Abarca, la redacción del artículo no da pie a esa interpretación.
“Si la categoría global implica un salario mayor, se le da seis meses al funcionario para que se acoja, si acaso gana más de lo que le corresponde se le congela el salario con el aumento del costo de la vida hasta que termine la relación laboral. En esto no debería de haber inconveniencia. SI no hay salario global para todos sería un engaño”, dijo Abarca.
Por su parte, la contralora Martha Acosta explicó que lo ideal es que se puedan acoger todos los trabajadores dentro del salario global. No obstante, señaló que habrá implicaciones de aumentos salariales en algunos casos por lo que se debe identificar si existen los recursos para ello.
Los diputados de la comisión someterán a conocimiento alrededor de seis mociones al proyecto de Empleo Público, (dos de ellas son textos sustitutivos). Las mismas se votarán a partir de la reactivación de los órganos legislativos el próximo 19 de octubre.
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