Paula Ruiz
La Corte Plena advirtió que el proyecto de ley para reformar el artículo 110 de la Constitución Política, con el objetivo de eliminar la inmunidad a miembros de Supremos Poderes por denuncias de corrupción, afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Así lo decidieron el lunes los magistrados de este órgano, quienes votaron de forma unánime el informe rendido por Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial.
Campos recomendó “que se valore estimar que afecta el funcionamiento al incidir en la independencia judicial, conforme lo disponen las resoluciones de la Sala Constitucional”.
En la exposición se puntualiza que la inmunidad no es un privilegio sino una forma de garantizar el funcionamiento del Estado.
De esta manera, se busca proteger frente a presiones externas o las que pueda ejercer por el desempeño de su función, por razones de cargo político o institucional.
“La inmunidad no es atribución o beneficio personal sino, tiene un carácter instrumental, es un medio para garantizar la continuidad y objetividad de independencia en el ejercicio”, puntualizó.
Campos recordó que hay un mecanismo para eliminar la inmunidad a cargo de la Asamblea Legislativa o también, la persona puede renunciar a la misma en caso de alguna investigación en su contra que requiera ser elevada a juicio.
“Todo el mundo acusa de corrupción”
El magistrado Jesús Ramírez se refirió en favor del informe y recordó que actualmente “vivimos en este país en que todo el mundo acusa de corrupción a los funcionarios públicos”.
De esta manera, afirmó que no se le puede levantar la inmunidad a un miembro de supremos poderes solo porque una persona presenta la denuncia por supuesta corrupción.
En tanto, el magistrado Guillermo Rivas se sumó a las observaciones al recordar que, mediante las redes sociales se ha optado por un “linchamiento y populismo de quienes administran el Estado”.
Rivas reconoció que en ocasiones se utiliza el sistema de justicia para disuadir y presionar.
“Lo estamos experimentando los jueces donde, constantemente somos objeto de acusaciones infundadas, que carecen de fundamento pero se hacen con el objeto de disuadir”, señaló.
Sumado a esto, la magistrada Iris Rojas también se refirió a que la exposición en redes sociales, los hace “fácilmente denunciables” lo cual implica que deben estar contratando abogados para su defensa y “atendiendo otras situaciones que nos distraen”.
En tanto, Orlando Aguirre, presidente de este órgano destacó que este plan afecta no solo la independencia del Poder Judicial, sino de los otros dos poderes de la República.
“Pareciera que estamos frente a un tema de ataque a las estructuras del Estado porque el tema de la independencia es precisamente, estructural e incluso cabría, hasta cuestionarse que pudiera reformarse por un poder constitucional derivado”, declaró.
Esta iniciativa de ley se discute en la Asamblea Legislativa mediante el número de expediente 21.571 en una comisión especial.
El proyecto se presentó en 2019 por el frenteamplista José María Villalta con el respaldo de otros 11 exlegisladores del PAC, Restauración Nacional, Integración Nacional así como del independiente Dragos Dolanescu.
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