Tomás Gómez
El próximo martes a las 2:00 de la mañana hora local (10:00 de la mañana en Suiza), Costa Rica tendrá una audiencia ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para aclarar quejas por la situación legal del empleo durante los últimos años.
El país había entrado a una lista preliminar de 40 países con observaciones y de ella se seleccionaron 24 para profundizar en los alegatos.
Entre ellos pasó Costa Rica, cuyo principal lastre está en el tema de políticas de empleo.
La cita aparece confirmada en la OIT, que está desarrollando su asamblea anual en Ginebra.
¿Qué pasó con Costa Rica?
A mediados de mayo, El Observador informó sobre la posibilidad de que el caso de Costa Rica escalara en la OIT.
Según las revisiones previas que ya había hecho la Organización se tiene el ojo sobre 6 ejes específicos:
- Educación técnica: se pide seguimiento a la aplicación de la Ley de Educación Dual. Esta abarca estadísticas sobre la población impactada y la construcción del modelo.
- Participación en mercado laboral: se pide seguimiento a indicadores de empleo, desempleo y subempleo. Incluyen detallar los datos se sexo y edad para poder estudiar los patrones.
- Empleo juvenil: se enfatiza en la necesidad de que los jóvenes tengan trabajos “decentes, duraderos y de calidad”. Ahí se analiza el rendimiento de programas como “Empléate”, enfocados en quienes recién arrancan la vida laboral.
- Empleo de Mujeres: hay preocupación pues el sexo sigue siendo un diferenciador en cuanto al acceso al trabajo.
- Personas con discapacidad: se hacen observaciones sobre la necesidad de políticas que garanticen acceso a empleo a esta población (solo el 43% de los adultos trabajan). Asimismo, se profundiza en las líneas para reingreso y permanencia de esta población.
- Microempresas, cooperativas y economía informal: se pone un ojo por el impacto que tienen estos entes en la generación de empleos. Aquí la preocupación se centra en la necesidad de combatir la informalidad en que quedan muchas de estas organizaciones.
Todo esto viene acompañado se señalamientos de una problemática que existía antes de la pandemia, pero que el covid vino a agravar. Esto incluye eventuales rebajas salariales y subempleo.
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También se sumaron observaciones a raíz de leyes que aprobó el país en los últimos años, tales como el plan fiscal. De estas se ve el fondo pero también la manera en que fueron concebidas.
“La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se ha consultado a los representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como a los representantes de las partes involucradas con respecto a la concepción, elaboración, aplicación, seguimiento y revisión de las medidas activas del mercado de trabajo adoptadas, incluyendo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, dice uno de los apartados de los documentos previos.
La aprobación del Plan Fiscal en 2018 se complementaba con un supuesto ordenamiento del Empleo Público y que vino a ajustar los privilegios de los trabajadores del sector público en el país (Archivo/ El Observador)
El proceso en la OIT
Según las disposiciones previas de la OIT, cada caso individualizado por país será atendido en una audiencia.
De ahí, se generará una propuesta que la Comisión decidirá si acoge o no.
Los analistas de cada caso deberán detallar las medidas que se esperan de los países en caso de que entren en una “lista negra” de violaciones laborales.
Según el principio tripartito de la OIT, debe haber representación del Estado pero también de patronos y trabajadores. La delegación nacional está encabezada por figuras como el Viceministro de Trabajo, Juan Manuel Cordero, UCCAEP por parte del sector privado y sindicatos como Rerum Novarum, que movió en los últimos meses la queja contra Costa Rica.
