Tomás Gómez
Costa Rica está en un listado de 40 países con quejas acumuladas por problemas con Derechos Laborales y está por verse si entra en la lista oficial de 24 naciones a las que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) auditará en su próxima asamblea global, convocada para inicios de junio.
El tema no es nuevo; de hecho la lista reclamaciones acumula incluso quejas previas a la pandemia.
El posible escalamiento del caso dependerá de la gravedad que se determine en los elementos de los expedientes, tanto del lado costarricense como de los demás países bajo la lupa.
De elevarse el proceso, la OIT procedería a dictar recomendaciones más específicas; con la posibilidad de tener un seguimiento más estricto.
Pero, ¿qué se le achaca a Costa Rica?
El bache en la política de empleo
La OIT dicta sus pautas mediante una política de “Convenios”. Estos establecen pautas generales para que cada país genere su normativa y monitoree el cumplimiento.
En lo específico está en 122, enfocado en las políticas públicas que deben seguirse para la generación de empleo.
Para el caso tico, sin embargo, se han acumulado señalamientos en 6 ejes de las disposiciones. Al respecto, el país ha tenido que dar explicaciones sobre cómo está el tema y estas serían sujetas de revisión si Costa Rica pasa el filtro para la revisión.
¿Dónde está la lupa de la OIT?
La revisión se hace de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios (CEACR), que atiende las quejas y tramita las respectivas explicaciones.
En detalle estas son:
- Educación técnica: se pide seguimiento a la aplicación de la Ley de Educación Dual. Esta abarca estadísticas sobre la población impactada y la construcción del modelo.
- Participación en mercado laboral: se pide seguimiento a indicadores de empleo, desempleo y subempleo. Incluyen detallar los datos se sexo y edad para poder estudiar los patrones.
- Empleo juvenil: se enfatiza en la necesidad de que los jóvenes tengan trabajos “decentes, duraderos y de calidad”. Ahí se analiza el rendimiento de programas como “Empléate”, enfocados en quienes recién arrancan la vida laboral.
- Empleo de Mujeres: hay preocupación pues el sexo sigue siendo un diferenciador en cuanto al acceso al trabajo.
- Personas con discapacidad: se hacen observaciones sobre la necesidad de políticas que garanticen acceso a empleo a esta población (solo el 43% de los adultos trabajan). Asimismo, se profundiza en las líneas para reingreso y permanencia de esta población.
- Microempresas, cooperativas y economía informal: se pone un ojo por el impacto que tienen estos entes en la generación de empleos. Aquí la preocupación se centra en la necesidad de combatir la informalidad en que quedan muchas de estas organizaciones.
Temas de derechos laborales desde antes de la pandemia
Todo esto viene acompañado se señalamientos de una problemática que existía antes de la pandemia, pero que el covid vino a agravar. Esto incluye eventuales rebajas salariales, subempleo
También se sumaron observaciones a raiz de leyes que aprobó el país en los últimos años, tales como el plan fiscal. De estas se ve el fondo pero también la manera en que fueron concebidas.
“La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se ha consultado a los representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como a los representantes de las partes involucradas con respecto a la concepción, elaboración, aplicación, seguimiento y revisión de las medidas activas del mercado de trabajo adoptadas, incluyendo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, dice uno de los apartados del documento.
De manera general en cada eje, la CEACR pide al país el mantenimiento constante de estadísticas para poder dar seguimiento y medición a las observaciones.
Zonas francas salen bien paradas
Dentro de la revisión hecha al país no todo sale con observaciones negativas o advertencias.
Tal es el caso de las zonas francas, donde se destaca su aporte a la generación de empleo con buenas condiciones.
Por un lado se resalta su impacto dentro del sector privado y por otro el nivel de remuneración.
“El Gobierno indica también que el salario mensual promedio de las personas que laboran en Zonas Francas alcanzó en 2018 la cifra de 1.554 dólares de los Estados Unidos, lo cual evidencia una ventaja salarial para dichos trabajadores”, recalcan.
Desde entonces, se pide al país mantener estadísticas sobre los perfiles de las personas que se benefician de los empleos duraderos y de calidad que aportan las zonas francas.
Sindicatos impulsan la revisión en la OIT
De cara a la cita en la OIT destaca el impulso que se ha dado desde el sector sindical.
Documentos de la OIT muestran el rol activo que ha tenido sobre todo la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN). El grupo ha mostrado sus argumentos en la Organización y ahora se preparan para la cita de junio.
Desde inicios de mayo lanzaron un comunicado donde exponían su panorama sobre el tema laboral en el país; que de acuerdo a su óptica lleva a desigualdad e inequidad. “Sufrimos ante un Gobierno y una Asamblea Legislativa mayoritariamente neoliberal (con honrosas excepciones), sordos a las peticiones sindicales, ajenos al tripartismo, desinteresados del diálogo social auténtico, y proclives a desfinanciar y reducir a su mínima expresión las políticas sociales y las instituciones”, aseveraron.
De paso señalaron temas como la Ley Marco de Empleo Público, a la que califican de “malsana”.
Ruta internacional a la OIT
De cara a la cita de junio, el grupo sindical ha aprovechado diversos foros internacionales para comenzar a mover su plan.
Por ejemplo, en un encuentro de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA) celebrado en Uruguay se avanzó en el plan para la inclusión de Costa Rica en la “lista negra”.
“La Secretaría General de la CTRN, con casi año y medio de intervenciones y gestiones enfocadas en los órganos de control de la OIT, y con la elaboración de las memorias anuales por parte de la CTRN, logró que se considerara a Costa Rica para ser incluida en la lista larga de los 40 países del mundo con violaciones a las normas internacionales del trabajo”, explicó la organización.
A partir de eso, insisten, se tratará de quedar en la lista definitiva de la OIT.
“Sin duda aumenta la grave tendencia de la precarización del empleo, las relaciones laborales, la protección social y el salario tanto en el sector público como en el privado”, sumaron.
Su gestión ha incluido traer al país a representantes de la CSA para mostrar las quejas.
A ello suman que el agosto celebrarán en San José un una conferencia continental sobre libertad sindical y negociación colectiva.
Se intentó conocer más a detalle el movimiento que lleva la Confederación pero no contestaron las llamadas ni los mensajes enviados.
La base de las quejas
Dentro del escrito de advertencia, Rerum Novarum hace especial énfasis al Convenio 122 de la OIT.
Este data de 1964 y referente a las políticas de empleo.
“Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegid0”, comienza el texto.
Para ello, el Convenio pide tener un empate entre el desarrollo económico y los demás objetivos económicos y sociales de cada país.
De paso, pide a cada país:
- Tener actualizada y coordinada una política social y económica para la promoción del empleo
- De ser necesario, desarrollar programas para la generación del empleo
