Allan Arroyo
Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, naciones que conforman la Alianza para el Desarrollo en Democracia, manifestaron su “profunda preocupación” por los últimos acontecimientos en Guatemala.
En un comunicado difundido por la Cancillería costarricense, las naciones se refieren a “las acciones reiteradas de la Fiscalía de la República de Guatemala, las cuales van en detrimento directo de la independencia de poderes y de la clara voluntad soberana, expresada libremente en las urnas por la ciudadanía de ese hermano país”.
El órgano acusador guatemalteco declaró el viernes como “nulos” los resultados electorales de la primera ronda que luego, en el balotaje, permitieron la victoria de Bernardo Arévalo, hoy presidente electo, quien asume en enero.
La Fiscalía pidió levantarle la inmunidad y lo investiga por presunta corrupción. La Organización de Estados Americanos (OEA) advierte de un golpe de Estado, mientras el Tribunal de Elecciones locales negó cambios a los resultados.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante una conferencia de prensa frente al Palacio de Justicia en la Ciudad de Guatemala el 16 de noviembre de 2023. La fiscalía general de Guatemala anunció que pedirá despojar al presidente electo Bernardo Arévalo de su inmunidad en el caso. de una ocupación universitaria en 2022, lo que genera incertidumbre a menos de dos meses de que asuma el cargo. (AFP)
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Censura
El comunicad, los países de la alianza, entre ellos Costa Rica, censuran lo que califican como un “intento de interferir y desconocer el proceso democrático electoral llevado a cabo los días 25 de junio y 20 de agosto de 2023”.
Recuerdan que “las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), UNIORE, y el propio Tribunal Electoral de Guatemala, han manifestado de manera unísona que ambos comicios fueron auténticos, íntegros, libres y justos”.
Se llama a las autoridades de Guatemala, en particular a la Fiscalía, a que cesen las acciones “contra la democracia, la voluntad popular, los derechos humanos, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la autonomía de la autoridad electoral y la integridad de los comicios”.
En el comunicado se enfatiza en la necesidad de garantizar “una transición pacífica que culmine con la toma de poder del presidente electo, Bernardo Arévalo, en tiempo y forma”.
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