Gustavo Martinez
Desde el 1 de mayo del 2022 el presidente de la República, Rodrigo Chaves ha acumulado un total de 37 causas abiertas o investigaciones en su contra en la Fiscalía General.
Así lo confirmó el Ministerio Público tras la consulta de El Observador.
Las dos más recientes, del mes de marzo y que se consignan bajo los expedientes 24-000020-0033-PE y 24-000030-1218-PE, son por los presuntos delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica, respectivamente.
Una de las investigaciones se abrió por la denuncia que hizo diputada socialcristiana Vanessa Castro quien afirmó que el mandatario solicitó a un empresario que rompiera la relación laboral que tenía con ella y, el segundo caso, por la investigación del decreto de emergencia de la pista del aeropuerto de Liberia.
Previo a estas causas, se abrió el expediente 23-029307-0042-PE, ante el presunto delito de abuso de autoridad, sobre una denuncia relacionada con el Proyecto Minero Crucitas.
Sobre el resto de los expedientes, Chaves cuenta con 9 causas por incumplimiento de deberes, 8 por tráfico de influencias, 4 causas por prevaricato, 4 por nombramientos ilegales, 3 causas por abuso de autoridad, por citar algunas investigaciones.
Recientemente la diputada Vanessa Castro dijo que el Gobierno la había vuelto a vetar. En esta ocasión para que no aspire a la presidencia del directorio de la Asamblea Legislativa. (Foto Archivo/ El Observador)
Más reciente
La denuncia más reciente contra Chaves en la Fiscalía General se asienta bajo la causa 24-000020-0033-PE, por el presunto delito de abuso de autoridad en contra de la diputada socialcristiana, Vanessa Castro.
La Fiscalía no confirmó a El Observador si las pesquisas se abrieron de oficio o por una denuncia, ni tampoco si figuran más personas dentro de la causa.
Esta investigación se abrió posterior a que la diputada Castro denunciara que el presidente Chaves, presuntamente, contactó a un empresario mexicano para que se le cesara de una relación laboral que ella tenía con una multinacional.
La socialcristiana aseguró que el contacto entre Chaves y el empresario se concretó por mediación del embajador de Costa Rica en México y exdiputado del PUSC, Pablo Heriberto Abarca.
La injerencia presidencial en este tema se habría dado a finales del año pasado. Ella piensa que el mandatario se molestó por el proyecto de Eurobonos debido a que los diputados aprobaron un endeudamiento por $5.000 millones y no por los $6.000 millones que había solicitado el Ejecutivo.
Antes de que el plenario legislativo tomara esta decisión, Castro junto a dos tres diputado votaron de forma negativa la propuesta de endeudamiento del Gobierno en la Comisión de Asuntos Económicos.
Adicionalmente, Castro sumó que el Gobierno la vetó de sus intenciones de participar de la elección del directorio legislativo del 1° de mayo. Ella estaba interesaba en buscar la presidencia legislativa.
Mediante la diputada oficialista, Pilar Cisneros, el Ejecutivo le comunicó a Castro que no la apoyarían en la contienda por la silla presidencial del Congreso.
En junio de 2023 Castro comentó durante un espacio en el Plenario Legislativo que el presidente Chaves, según sus palabras, la afectó de nueva cuenta a nivel personal.
Fue hasta inicios de marzo de este año que Castro dio a conocer que Chaves se contactó con el empresario multinacional para, en apariencia, solicitar el despido de la socialcristiana.
La diputada Vanessa Castro señaló a Chaves uno de los responsables de cesarle una relación laboral con una multinacional (Archivo).
Ante los hechos, la bancada del PUSC publicó un comunicado de prensa, exhortando al Ejecutivo que se pronunciara ante la denuncia de Castro.
“La fracción del Partido Unidad Social Cristiana condena vehemente cualquier acto de intimidación y violencia contra las mujeres. Nunca bajo ningún motivo vamos a tolerar el abuso de Poder y el irrespeto hacia las personas”, indicó la bancada.
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Decreto de emergencia
Otra de las causas abiertas en el presente mes reside en el expediente 24-000030-1218-PE, por el presunto delito de falsedad ideológica.
En la causa se investiga el origen y el procedimiento de contratación relacionado con la atención del problema estructural que presenta la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia.
Esto ante la inclusión de la pista de aterrizaje dentro del decreto de emergencia, por la supuesta afectación estructural por efecto de la Tormenta Bonnie.
Según confirmó el Ministerio Público a este medio, también figuran en la denuncia, además de Chaves, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, el presidente de la CNE, Alejandro Picado, el exjerarca del MOPT, Luis Amador y el exdirectivo de Aviación Civil, Fernando Naranjo.
Previo a la apertura de la investigación en el Ministerio Público, Chaves realizó una conferencia de prensa, el pasado 12 de marzo, donde destituyó al exministro del MOPT, Luis Amador y le atribuyó la responsabilidad sobre la licitación de la pista de aterrizaje.
Chaves señaló directamente a Amador de redactar, revisar y aprobar directamente los términos de referencia de un contrato para que la empresa MECO asistiera la pista de aterrizaje. El mandatario afirmó que Amador en conjunto con el exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo, hicieron un contrato “a la medida” para la constructora.
Esto culminó en una denuncia por parte de Casa Presidencial, bajo la figura de “relación de hechos” para que el Ministerio Público realice las pesquisas y siente responsabilidades con base en el caso.
Consultado al respecto el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, indicó que lo que presentó es una notitia criminis, es decir una serie de hechos para que sean investigados.
“Es una notitia criminis que será investigada por la Fiscalía una vez que presentemos la denuncia, para que fiscalía haga la investigación y siente las responsabilidades en caso de que las hubiera”, dijo Rodríguez.
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Tras se regreso al país, el pasado 13 de marzo en horas de la noche, Amador se negó a referirse al tema.
Fue hasta el jueves 14 de marzo, a través de un video de no más de dos minutos, donde Amador negó su participación en la redacción de los términos de referencia del contrato con MECO.
En el audiovisual, el exministro aseguró que dejaba el país como un “autoexilio” voluntario, para que “los tentáculos del mal no lo alcancen”. En el mismo video prometió participar en las elecciones nacionales de 2026.
El exjerarca del MOPT salió del país el pasado viernes 15 de marzo.
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Amador negó su participación en los términos de referencia, razón por la cual es investigado por el Ministerio Público desde enero (Alonso Solano/El Observador).
¿Qué se investiga?
Tanto en la causa abierta contra Chaves y en contra del exministro del MOPT, el tema se centra en la inclusión del arreglo la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber en el decreto de emergencia por la tormenta Bonnie.
De acuerdo con la explicación del presidente Chaves, la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber ubicada en Liberia, se había dañado y si no se tomaban acciones se iban a suspender los vuelos a Liberia lo que habría provocado un fuerte golpe al turismo.
Por eso, el 20 de junio del año pasado, se pidió incluir el arreglo de la pista en el decreto de emergencia por la tormenta Bonnie y se hizo un plan de inversión que se presentó el 17 de agosto por ¢22.900 millones de colones. Este plan fue aprobó por la Comisión Nacional de Emergencias el 4 de setiembre del 2023.
Unos días después, el 12 de octubre, Aviación Civil, por medio de su director Naranjo, y con el aval y firma de Amador, enviaron los términos de referencia para la contratación de obras con dos criterios: precio y experiencia
El 23 de octubre se publicó el cartel y se recibieron 3 ofertas de las empresas Hernán Solís (H Solís), Meco y Pedregal.
El 29 de enero se dejó en firme la adjudicación a Meco por 21.000 millones. Las obras empezaron el 4 de marzo anterior.
Pero Chaves dijo que ellos pidieron a las empresas Meco y Pedregal, mejorar las ofertas pero la adjudicación terminó costando $2 millones más porque “los términos de referencia tienen indicios de que fueron diseñados para que ganara la empresa que ganó”.
Según dijo, a esos a los términos de referencia se le añadió un porcentaje por experiencia que solo el oferente que ganó cumplía con lo cual, hace parecer que se hizo a “la medida”.
Una y otra vez, el presidente Chaves mencionó que no tiene y no hay indicios de corrupción
Ahora le corresponderá a la Fiscalía General continuar con las investigaciones para sentar responsabilidades sobre la licitación y la inclusión de la pista del aeropuerto de Liberia en el decreto de emergencia.
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