Hermes Solano
Desde inicios de este 2024 se ha venido hablando de una lista de 10 proyectos en materia de seguridad que son prioridad para el Gobierno, el Poder Judicial y también la Asamblea Legislativa.
De esa lista, hay siete iniciativas que están en la corriente legislativa y tres más que nacieron de las mesas de trabajo entre las autoridades de los tres poderes de la República.
Las propuestas tienen que ver con distintos temas en materia judicial e incluso de estatus migratorio y que ya han llevado un proceso de semanas o meses en la corriente legislativa.
Aunque la prioridad es sacar adelante la propuesta para reformar las causales que otorgan prisión preventiva como medida cautelar a los delincuentes, ese texto aún no se ha enviado.
Por ello, se aprobarían primero varias de las iniciativas que ya pasaron por comisiones e incluso a las que se le han hecho cambios a través de mociones.
Uno de esos siete proyectos es el expediente 23.800, que reforma dos artículos de la Ley de opciones y naturalizaciones. La iniciativa la presentó el diputado Danny Vargas con el apoyo del presidente legislativo Rodrigo Arias.
Busca quitarle la nacionalidad costarricense a los extranjeros naturalizados que tengan una condena en firme superior a tres años y o que cuente con un pedido de extradición.
El expediente está en la Comisión de Jurídicos para ver mociones 137 antes de que vuelva al Plenario para su trámite en primer debate.
En Comisión de Seguridad y Plenario
Otras cuatro iniciativas también han avanzado y estarían prontas a discutirse en el Plenario, por lo que serían leyes de la República en cuestión de semanas.
Una de ellas es la reforma a la Ley contra Delincuencia Organizada para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa, el expediente 22.834, que se encuentra en la Comisión de Seguridad viendo mociones 137 antes de volver al Plenario.
Esta propuesta incorpora una medida cautelar para asegurar los bienes relacionados con un proceso por capitales emergentes, cuando sean iguales o superiores a los $50.000.
Otro que está en la Comisión de Seguridad viendo mociones vía artículo 137 es el expediente 23.575 “Ley que sanciona el delito de préstamo de dinero gota a gota”.
El proyecto propone crear el artículo 214 bis en el Código Penal, el cual regularía la extorsión cobratoria e impondría pena de cárcel.
“Se impondría pena de prisión de cuatro a ocho años a quien mediante intimidación o amenazas por cualquier medio obligue a otra a pagar una deuda u obligación crediticia. La pena es de cinco a diez años si la víctima es menor de edad, adulta mayor, o persona en situación de discapacidad”, dice la medida.
Por su parte, el expediente 23.746, que buscar fortalecer el registro judicial y ampliar el plazo para borrar los antecedentes judiciales ya se aprobó en primer debate. La otra semana se votará en segundo debate.
Uno más que está en Plenario, pero no aparece todavía en el orden del día es el expediente 23.690 “Ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones”.
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Sin claridad
Hay dos iniciativas más de las que no hay claridad respecto al trámite. Ambas, según el sistema legislativo, están en archivo, aunque eso no significa que estén archivados o desechados.
Se trata de los expedientes 24.095, referente al marco sancionatorio de los delitos cometidos con armas de fuego prohibidas. El objetivo es aumentar las penas de los delitos relacionados con esas armas ilegales.
El otro es el 24.096 “Ley para regular el beneficio del arresto domiciliario con brazalete electrónico”, que busca, principalmente bajar de seis años, como se encuentra actualmente, a cuatro años de prisión, la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar este tipo de sanción.
La Asamblea está a la espera de que se presenten los textos de las otras tres iniciativas incluidas en la lista de prioridades, sobre todo la de prisión preventiva, pedida en el primer lugar por el Poder Judicial.
