Tomás Gómez
Las recetas médicas en Costa Rica están próximas a cambiar. Un nuevo decreto obligará a los profesionales en salud a indicar el nombre genérico y no la marca comercial de las sustancias que estén recetando a sus pacientes.
Así lo dicta un decreto firmado este lunes y que entrará a regir 22 después de su publicación en La Gaceta.
La política obligará a que los profesionales en medicina, odontología y enfermería usen la Denominación Común Internacional (DCI), es decir, el nombre genérico de los medicamentos. Si lo desean, los profesionales podrán indicar una marca en particular.
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Además, al vender los medicamentos pertenecientes al listado de equivalentes terapéuticos, los regentes farmacéuticos deberán informar al consumidor sobre la existencia de todas las diferentes opciones que correspondan al medicamento prescrito e informarle el precio de las alternativas.
Nuevas reglas de medicamentos para todos
Las autoridades del Ministerio de Salud serán las encargadas de controlar y verificar el cumplimiento de lo establecido en el decreto. Además, podrán aplicar las medidas sanitarias especiales contenidas en la Ley General de Salud.
Según Ileana Herrera, jefa de la Unidad de Registros del Ministerio, los consumidores podrán denunciar en caso de que el médico no prescriba según la denominación común internacional. También podrá ponerse la queja si un farmacéutico no ofrece el medicamento equivalente que tenga a disposición.
Tales denuncias podrán presentarse en el Área Rectora de Salud más cercana, o al correo electrónico [email protected]
Actualmente hay 49 principios activos en los que se ha implementado la exigencia de demostrar la equivalencia terapéutica. A ellos se suman 73 principios activos en proceso de cumplir los requisitos para su catalogación.
El listado de los medicamentos aprobados como equivalentes terapéuticos está disponible en la página web del Ministerio de Salud. La información se actualiza constantemente con las nuevas aprobaciones.
El decreto fue firmado por el presidente Carlos Alvarado y el Ministerio de Salud. La institución será la encargada de vigilar la aplicación de las nuevas normas (Alonso Solano/El Observador)
