Hermes Solano
Eliminar el uso de monedas y billetes en los servicios públicos para dar paso al pago digital tiene varias debilidades e incluso con tintes de discriminación. Ese es el criterio que tiene la Defensoría de los Habitantes.
La institución estuvo este martes en la Comisión de Económicos, que discute y analiza el expediente 23.747, propuesta del Poder Ejecutivo.
“Existe un riesgo de no poderlo atender para quienes están en zona rural, con tintes, por lo tanto, de posible discriminación para estas comunidades”, explicó Tatiana Mora, defensora a.i.
Mora estuvo en lugar de la defensora Angie Cruickshank, quien está incapacitada y regresa a sus funciones el 20 de enero próximo.
“Analizamos que hay ciertas poblaciones que estaríamos dejando atrás, principalmente las que están fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). Una medida de este tipo implicaría discriminación ante la posibilidad de poder acogerse a ella”, explicó Mora.
La institución no está en contra en generar el proceso de digitalización en el cobro, pero considera que en este momento se debe dar prioridad a la bancarización.
“No es que la Defensoría está en contra de la digitalización de los procesos, hacia eso vamos a partir de los beneficios que genera, lo que hay es inconformidad al proyecto de ley en los términos consultados”, dijo la funcionaria.
Actualmente, aseguró, Costa Rica tiene un 68% de bancarización en el país, porcentaje que deja por fuera a un gran sector de la población.
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La iniciativa
La propuesta la presentó el Poder Ejecutivo, quien defiende la migración definitiva al pago electrónico en las instituciones públicas y en los prestadores de servicios.
Sin embargo, hay dudas en los diputados sobre la iniciativa.
“La digitalización de la economía es importante. Cada vez es más evidente que el uso de monedas y billetes es menos relevante para las personas”, consideró el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Esto dice la reforma al artículo 46 de la Ley Orgánica del Banco Central que está proponiendo el Ejecutivo en el proyecto:
“Las instituciones del Estado y los prestatarios de servicios públicos deberán eliminar el uso de billetes y monedas en su operación con el propósito de adoptar únicamente medios de cobro y pago electrónicos, salvo en situaciones en las que se compruebe la existencia de una imposibilidad material del administrado, caso fortuito, fuerza mayor o emergencia nacional, que ameriten la recepción y el pago de dinero en efectivo”.
Además, el texto incluye un transitorio en el que obliga a las instituciones del Estado y a quienes prestan servicios públicos a eliminar el uso de billetes y monedas en un plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de la reforma.
