Tomás Gómez
Tras varios años de espera la Fiscalía presentó este jueves las primeras acusaciones del escándalo de importación del cemento chino, conocido como “Cementazo”.
Importadores, funcionarios públicos y políticos del PAC figuran en la primera lista, manejada bajo el expediente 17-000032-621-PE.
En esta petición figuran:
¿Qué dice la ley?
Ambos delitos están normados en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Sus alcances se definen así:
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Lo regula el artículo 52 de la Ley y se configura cuando una persona influye directa o indirectamente en un servidor público para que realice acciones que le generen una ventaja económica o competitiva.
Las acciones posibles incluyen hacer, retardar u omitir nombramientos, adjudicaciones, concesiones, contratos, actos o resoluciones propias de su cargo.
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Su pena ordinaria va de 2 a 5 años. Sin embargo, si los supuestos delitos los cometen funcionarios de alto rango -como se acusa en este caso-, la sanción puede elevarse un tercio.
Esta última excepción se aplica cuando los sospechosos sean el presidente o vicepresidentes de la República, miembros de los supremos poderes o del TSE. También cuando sean las cabezas de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría o Defensoría.
INFLUENCIA SOBRE HACIENDA PÚBLICA
Impone penas de 2 a 8 años.
Aplica para los funcionarios públicos que usan su cargo para influir, intervenir o condicionar resultados de procesos que pueden terminar dañando el interés y las finanzas públicas.
Su alcance está delimitado por el artículo 57.
Las hipótesis del Cementazo
El proceso de acusación del Cementazo estuvo a cargo de la Unidad Especializada de la Fiscalía.
De acuerdo con el despacho, se contó con la evidencia necesaria para acusar la presunta influencia ejercida por parte del exviceministro y del exdiputado sobre Coghi, entre julio y setiembre del 2016, para lograr el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento hidráulico embarcadas a bordo del barco Aquiles Bukle, proveniente de China.
Además, se acusaron supuestas acciones y órdenes irregulares emitidas por parte del exdirector general de aduanas para lograr este fin, en apariencia, para el beneficio Bolaños.
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Dado el carácter de funcionarios públicos de varios de los acusados al momento de los supuestos delitos, en el proceso también intervendrá la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Junto a ellos también acusó la Procuraduría General de la República (PGR). Esta va como actor civil para cobrar los daños y perjuicios ocasionados por los delitos.
Todo el caso se presentará ante el Juzgado Penal de Hacienda que debe fijar fecha para celebrar una audiencia preliminar, en la que se definirá si se ordena o no un juicio.
El Caso Cementazo fue presentado al Juzgado Penal de Hacienda, con sede en los Tribunales de Justicia de II Circuito Judicial, en Goicoechea (Kryssia Morris/El Observador)
