Paula Ruiz
Con una clara posición en contra, el gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), Douglas Soto expuso ante los diputados los puntos por los cuales el interés del Gobierno por vender la entidad afectaría a la sociedad y el sistema financiero.
Soto se presentó este martes ante los legisladores de la Comisión de Asuntos Económicos en el inicio de las audiencias para analizar el proyecto 23.331 “Ley de Venta del Conglomerado Financiero del Banco de Costa Rica”.
Tanto ante los legisladores como en declaraciones a la prensa, afirmó que no es buen momento para vender el banco debido a la contracción económica y el aumento a las tasas de interés que implica una disminución en créditos y servicios bancarios.
“Tenemos contracción económica donde tasas de interés altísimas y colocar cuesta porque hay que asumir más riesgos y el costo financiero está aumentando, la respuesta es que no es un buen momento para vender el banco”, expuso.
El patrimonio actual del Banco está calculado en $1.000 millones.
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“El banco no debería de venderse por debajo del valor en libros, anda alrededor de $1.000 millones nos parce importante que si el proyecto camina, tener un piso para no tener luego venderlo por partes y no tener resultados esperados”, afirmó.
Asimismo, explicó que su valor disminuiría porque el 30% de las captaciones del banco pasarían al Banco Nacional por ser captaciones del sector público.
“Cuando usted va a vender una casa, primero hace un avalúo y de ahí comienza la negociación y todo dependerá del precio de mercado. Si la economía anda contraída pues no va obtener un mejor valor, si la economía va en desarrollo, va a tener un mejor valor por la casa y eso es lo que está pasando por el banco hoy”, puntualizó.
El proyecto de ley fija un valor inicial a esta entidad bancaria: $1.785 millones. (aproximadamente 1.145 billones de colones).
El Poder Ejecutivo extrajo esta cifra de un cálculo que hizo el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el 2022.
Cierres y despidos
Aunque el Gobierno garantizó que los más de 4.000 trabajadores se mantendrían en sus puestos, Soto ve poco viable este escenario.
El gerente explicó que, de las 163 sucursales actuales, hay un 40% que no generan ganancias, pero se mantienen habilitadas por una razón social.
Por ello, consideró que con la venta esas sucursales -situadas particularmente en zonas fuera del Área Metropolitana- serían cerradas.
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Asimismo, aunque no estimó cuántos empleados serían despedidos por la transacción, sí enfatizó en que es un hecho que habría cese de personal.
“Se trata de disminuir un número de empleados y atenderlo con el nuevo dueño. Y véalo con el caso de Twitter”, declaró a los periodistas.
Otro punto que se debe de tomar en cuenta tiene que ver con los fideicomisos de obra pública pues actualmente tienen 14 obras que equivalen a ¢89.000 millones los cuales podrían verse afectados por el cierre dado que se desconoce si la entidad bancaria que los asumiría, tiene la experiencia en el manejo de estas figuras, señaló Soto.
El líder del Banco pidió la pronta votación de esta iniciativa dado que entre más tarden en este trámite, más incertidumbre generará entre los clientes.
