Hermes Solano
Este miércoles se realizó en la Asamblea Legislativa un foro sobre sexualidad, organizado por la diputada del PLN, Andrea Álvarez y en el que participaron las exlegisladoras Paola Vega y Karla Prendas.
El objetivo es alzar la voz y hacer un llamado para que en el Congreso se apruebe un proyecto de ley sobre los derechos sexuales y reproductivos que Álvarez presentó en diciembre de 2022.
La iniciativa pretende introducir un capítulo a la Ley General de Salud sobre esos temas, en procura de garantizar información y acceso a toda la población.
“Queríamos traer estos temas a la mesa y provocar un poco. Hablamos sobre la sexualidad y el placer; la sexualidad en ciertas poblaciones, adultos mayores y personas con discapacidad”, indicó Álvarez.
La actividad tuvo la presencia de la exdiputada del PAC, Paola Vega, quien ahora es cercana al partido Frente Amplio.
“Hay una deuda enorme en cuanto se garanticen los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo para las mujeres, pero este proyecto es un buen primer paso”, dijo Vega.
“Este busca que se garantice acceso a derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, en temas como información, que puedan acceder a anticonceptivos, que la población con discapacidad tengan garantías que se les van a respetar sus necesidades a la hora de ir a una consulta médica”, explicó.
Sin avanzar
Esta iniciativa se presentó en dos ocasiones en años anteriores, pero no logró avanzar.
La primera vez fue en 2007 por diputados de varias fracciones. Se dictaminó afirmativamente por la Comisión Especial de Derechos Humanos del Congreso; sin embargo, se archivó tras una resolución de la Sala Constitucional sobre el vencimiento del plazo cuatrienal.
Eso fue retomado en el período 2016-2020 y se dictaminó afirmativamente, pero no se votó ampliar el plazo cuatrienal.
Luego de esa situación, Andrea Álvarez volvió a presentar el proyecto, que está en la Comisión de Derechos Humanos.
“Reconociendo que el ejercicio de los derechos en salud sexual y salud reproductiva se encuentra estrechamente vinculado con la posibilidad de alcanzar relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, se establece que el Estado y las políticas públicas deben procurar la modificación de los patrones estereotipados de comportamiento de uno y otro sexo y su valoración social, eliminando los prejuicios y prácticas basadas en ideas de inferioridad o superioridad de los sexos”, dice el texto de la iniciativa.
Además, faculta “al Ministerio de Salud para que pueda autorizar explícitamente la distribución de condones tanto masculinos como femeninos”.
