Paula Ruiz
Desde su ubicación fuera del país, la diputada Ivonne Acuña reaccionó luego de conocerse que consumió ¢3,2 millones de gasolina en un solo día.
A través de un comunicado de prensa, indicó que “en las primeras semanas de 2021 cancelé una nota de crédito por consumo de gasolina, por eso se refleja dicho monto”.
Se consultó con su asesor de prensa el detalle, sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Se desconoce por cuántos meses habría acumulado el monto y en cuál gasolinera realizó el trámite.
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Asesores legislativos y diputados señalaron que esto podría ser que en una gasolinera de confianza, se le abre un crédito incluso para que sus familiares utilicen este dinero para consumir combustible.
Posteriormente, tras la acumulación de cuentas, se hace el cierre, se cobra y se paga con la tarjeta de la diputada.
Esta es una tarjeta de débito girada por la Asamblea Legislativa que solo puede ser utilizada en las gasolineras.
Enfermedad crónica
Acuña reiteró el jueves que sus ausencias se deben a una enfermedad crónica que padece desde hace varios años.
Justificó que se ausenta desde la segunda semana de diciembre al Plenario y comisiones legislativas sin dejar de percibir su salario.
El Observador reveló desde enero que Acuña llevaba en aquel momento un mes sin asistir al Congreso. La ausencia ya suma tres meses.
Diputados no son “empleados”
La única manera de que un diputado deje su cargo es por una renuncia voluntaria, pues se trata de un cargo de elección popular.
De ahí que las ausencias de un legislador no puedan ser “sancionadas” con una suspensión o un despido.
“Hay una reforma constitucional aprobada sobre esta revocatoria de mandato, pero que no ha sido reglamentada y todavía no tenemos ningún régimen disciplinario que rija para los señores diputados porque ellos no tienen relación laboral directa con la Asamblea”, explicó Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso.
“Si bien es cierto, la Sala Constitucional ha equiparado su remuneración a salario es para efecto de cargas sociales, ellos no son empleados”, continuó.
De esta manera, son equiparados a funcionarios públicos porque son pagados con fondos públicos pero no tienen relación laboral con la Asamblea Legislativa.
