Hermes Solano
La diputada del partido Liberal Progresista (PLP) Kattia Cambronero presentó un proyecto de ley a la corriente legislativa que busca el cierre de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa).
El proyecto se tramitará bajo el expediente 24.105 y tiene ese único fin: que desaparezca una institución, que según la diputada, perdió su norte desde hace mucho tiempo.
“Es urgente la necesidad de cerrar instituciones que han perdido su razón de ser. A lo largo de distintas administraciones se le han asignado a Racsa tareas para las que no está preparada; haciéndola vulnerable a posibles actos de corrupción”, indicó la legisladora.
“Los costarricenses estamos cansados de instituciones que no agregan ningún valor para el país. Por eso, ya es hora de cerrar lo que no funciona y liquidar a estas instituciones que no son para nada transparentes”, añadió.
Racsa es parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y para la diputada liberal “no solo carece de una estrategia clara y coherente para superar sus desafíos financieros y de competitividad en el mercado”, sino que también se ha visto envuelta en muchos cuestionamientos.
Desde la Contraloría General de la República se han dado varios informes que señalan debilidades y errores graves en procesos de contratación, según la justificación que dio Cambronero del porqué presentar la iniciativa.
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La Contraloría advierte que Racsa no cuenta con un plan que garantice el manejo y sostenibilidad de sus recursos financieros a mediano y largo plazo.
¿Cuáles son?
La diputada señaló que en el informe DFOE-CIU-IF-00007-2022, emitido por la CGR el 6 de julio del 2022, se identificaron una serie de debilidades en la planificación institucional de mediano y largo plazo, con respecto a la gestión financiera de la empresa.
Según el órgano contralor, la empresa carece de mecanismos de control para la obtención de financiamiento externo.
Además, semanas atrás, también encontró excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación a los que calificó como “yerros graves”, relacionados con la forma en la que Racsa participó en la operación para dotar de escáneres detectores de drogas a puertos y fronteras.
De aprobarse el proyecto, el ICE tendría un máximo de seis meses para que prepare el procedimiento de liquidación de Racsa.
