Hermes Solano
La diputada de Progreso Social Democrático Luz Mary Alpízar presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Poder Ejecutivo debido a que el presidente, Rodrigo Chaves, todavía no ha firmado la ley denominada “Hijos e Hijas de la Patria”.
El proyecto se aprobó en segundo debate el 12 de octubre de 2023; siete meses después sigue sin ejecutarse por parte de Casa Presidencial.
“Desde mi despacho he consultado por la firma de este proyecto en reiteradas ocasiones y la única respuesta recibida es que está en trámite; un trámite que para leyes impulsadas por otras diputaciones ha sido mucho más expedito, al punto de ya haber entrado en vigencia sin mayor dilación”, señaló la legisladora.
Según Alpízar, después de que se aprobó el proyecto, impulsado desde su despacho y con el apoyo de varias organizaciones, se aprobaron 55 leyes que ya entraron en vigor con la firma presidencial.
De ahí el recurso de amparo para que los magistrados evalúen la posibilidad de obligar al presidente a la firma respectiva.
“Con estas acciones perjudican a jóvenes vulnerables que quieren seguir por buen camino, pero siguen necesitando apoyo; perjudica a la sociedad, porque estos jóvenes pueden caer en redes de violencia o pueden venir a sumarse a redes violentas”, dijo.
“Es por eso que me veo en la obligación de presentar este recurso de amparo”, señaló la disputada, quien mantiene una clara separación con la fracción oficialista y el mandatario.
Alpízar es la presidenta del partido que llevó al poder a Chaves hace dos años.
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Objetivo de la ley
El objetivo principal de “Hijos e Hijas de la Patria” es que en Estado apoye a los jóvenes que cumplen 18 años y tienen que egresar de un centro o albergue del Sistema Nacional de Protección Especial, y no cuentan con recursos.
“Se trata de jóvenes que salen de la institucionalidad por el simple hecho de cumplir 18 años, así no cuenten con recursos familiares o de un ingreso para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación o servicios de salud”, explicó Alpízar.
“Serán cubiertos por el programa, siempre que sean estudiantes activos en cualquiera de los ciclos educativos, menores de 25 años y carezcan de respaldo financiero suficiente”, explicó la legisladora sobre los alcances.
La Ley de Fodesaf establece la obligatoriedad de utilizar un 0,25% de prestaciones alimentarias como las requeridas por estos jóvenes. En un promedio de cuatro años se ejecutó un 20% de los 1.600 millones de colones disponibles en ese rubro, según se desprende de información suministrada por el propio IMAS.
