Gustavo Martinez
La diputada oficialista, Pilar Cisneros, le recomendaría al presidente de la República, Rodrigo Chaves, una reunión mensual con los jefes de las fracciones de la Asamblea Legislativa, a fin de generar una agenda en común con el Congreso.
Esto en medio de la propuesta de un Plan de Trabajo de cara a los dos próximos años de gestión.
Durante una entrevista, el pasado lunes 8 de enero, la legisladora aseguró que se reuniría este martes con el Jefe de Estado, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz y el viceministro de la Presidencia, Freddy Morera, para la discusión de dicho plan.
“Dentro del plan de trabajo, que yo le quiero proponer, no sé si él lo va a aceptar o no, es una reunión mensual con los jefes de fracción”, expresó.
Cisneros valora esta postura, con el fin de valorar el avance de los proyectos y cuáles iniciativas deben ser prioritarias, incluyendo los proyectos sobre seguridad, Ciudad Gobierno y otras imitativas.
“Justamente para ver en qué proyectos estamos avanzando, a qué le vamos a dar prioridad. Porque justamente, estamos terminando el segundo año, necesitamos priorizar el tiempo y priorizar las necesidades del país, para lograr cosas concretas y no defraudar a la ciudadanía”, señaló la legisladora Cisneros.
Esta reunión, entre el mandatario y los diputados, se realizaría aparte de la que efectúan los jefes de las fracciones legislativas los días jueves en el Congreso.
Diferencias
La propuesta de la diputada oficialista se da luego de que en 2023 el presidente Chaves y el Congreso presentaron importantes desacuerdos para la aprobación de proyectos.
Primero fue el proyecto de jornadas excepcionales o jornadas 4-3, el cumuló 855 mociones en su trámite de vía rápida: 393 provenían de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Las 431 mociones restantes fueron impulsadas por el Frente Amplio y algunos diputados de Liberación Nacional.
La Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz y los diputados conformaron una mesa de trabajo para revisar una a una las 855 mociones sobre el proyecto de jornadas 4-3. (Archivo /El Observador).
Luego de tres meses en el Congreso y, tras una moción de consenso, el proyecto avanzó en primer debate y obtuvo 32 votos, pasando así a una consulta de constitucionalidad en la Sala IV.
No obstante, el pasado 14 de noviembre, la Sala Constitucional se trajo abajo la discusión en segundo debate del proyecto, al señalar errores de procedimiento.
Luego de esto, cuatro fracciones legislativas (Progreso Social Democrático, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista) valoraron presentar un nuevo proyecto a la corriente legislativa.
Es así que a finales de noviembre los diputados oficialistas aseguraron tener listo un nuevo texto, manifestando que será su prioridad para el 2024.
“Ya lo tenemos listo, pero estamos esperando la integridad de la decisión de la Sala y lo vamos a hacer muy simple”, explicó la diputada oficialista Pilar Cisneros.
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Lista Gris: resello
Chaves recibió un nuevo resello legislativo en el presente año, por la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes ante la Unión Europea, conocido como “Lista Gris”.
El proyecto se denominó “Modificación a la Ley de Impuesto sobre la Renta para la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea”, impulsado principalmente por la Unidad.
Los diputados lo resellaron con 38 votos, el 29 de setiembre, tras el veto de Chaves el 14 de setiembre.
Fueron Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista los partidos que revirtieron la decisión de Chaves, con el apoyo de Luz Mary Alpízar, de Progreso Social. El voto de Alpízar generó polémica y una fuerte reacción crítica por parte del mandatario.
Diputados del oficialismo calificaron de “traición” el apoyo de Luz Mary Alpízar para el proyecto de Lista Gris que permitió el resello por un voto (Archivo / El Observador).
Mientras que, la bancada oficialista y el Frente Amplio votaron en contra de resellar el veto presidencial.
El proceso legislativo se hizo contra el tiempo para cumplir con los plazos de revisión que había anunciado la UE. Finalmente, Costa Rica fue excluida de la lista de países no cooperantes, pero quedó con algunos pendientes para resolver en el futuro y evitar un nuevo ingreso.
Ciudad Gobierno
Contar con un complejo gubernamental, que albergaría a más de 35 instituciones públicas y a 10.000 funcionarios, fue uno de los proyectos que recibió más impulso del Ejecutivo en este 2023.
No obstante, el plan tuvo su mayor obstáculo cuando la Contraloría General de la República rechazó el 10 de noviembre el recurso de apelación en subsidio presentado por los ministerios de Planificación y de Hacienda.
El ente contralor rechazó la figura de arrendamiento propuesta, con la que se pretendía usar un terreno propiedad del Estado para su construcción.
Además, señaló la falta de un proceso de licitación pública, debido a que el Ejecutivo construiría a través de un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de $450 millones.
Complejo gubernamental financiado por el BCIE se ubicaría en Plaza González Víquez (El Observador).
Es así, que el Ejecutivo presentó ante la corriente legislativa, el 14 de diciembre, dos propuestas sobre Ciudad Gobierno.
Las propuestas del Ejecutivo son: una sobre una interpretación auténtica del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, argumento que presentó el ente contralor; y una segunda, sobre una reforma a dicho artículo.
Ahora queda a criterio de la Asamblea Legislativa la decisión final durante el actual período de sesiones extraordinarias, que concluyen el próximo 31 de enero.
Seguridad
El Jefe de Estado también vio frenadas algunas iniciativas en materia de seguridad en 2023.
Una vez dio inició el segundo período de sesiones extraordinarias, de noviembre de 2023 al 31 de enero de 2024, el Ejecutivo convocó seis proyectos para combatir la inseguridad en el país. Los textos se prestaron en abril pasado y el Gobierno cuestiona que no tuvieran avances desde ese momento.
Los diputados de oposición advirtieron las propuestas podrían estar en contra de ley o tornarse inconstitucionales. Es así que valoraron archivar hasta tres de estos proyectos de ley.
Esto provocó que el 21 de noviembre Presidencia desconvocara esos tres proyectos para evitar su archivo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, siendo estos:
- Expediente 23.688: Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
- Expediente 23.691: Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada
- Expediente 23.692: Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, luego confirmó mesas de trabajo con los diputados y el Poder Judicial para el mejoramiento de estas tres iniciativas.
De este modo, el Ejecutivo pasó la responsabilidad al Congreso, señalando que debían escoger y priorizar de una lista de más de 20 iniciativas de seguridad, presentada por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Esta reunión se pautó para las actuales sesiones extraordinarias.
Es así que, el pasado lunes 8 de enero, en una mesa de trabajo se reunieron representantes de los tres Poderes de la República para definir las iniciativas prioritarias de seguridad. La cita se pautó desde el 30 de noviembre.
Representantes de los tres Poderes de la República en la mesa de trabajo sobre temas de seguridad, el pasado lunes 8 de enero (Cortesía).
En dicha reunión; la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz y el fiscal general, Carlo Díaz; decidieron priorizar tres proyectos que, esperan, estén aprobados al culminar enero.
Los tres proyectos a los que se les dará prioridad son: uno para fortalecer el registro judicial de delincuentes, la ley de naturalizaciones y otro para fortalecer la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
“Mencionamos los tres principales que podemos trabajar con mayor velocidad. Son muchos los que tenemos, pero queremos trabajar eficientemente, que actuemos de una manera que la legislación sea aplicable de manera inmediata”, indicó la diputada Navas.
De momento, los legisladores discutirán las propuestas del Ejecutivo bajo la agenda extraordinaria, la cual finaliza el próximo 31 de enero, en medio de la propuesta de la diputada Cisneros de fortalecer el diálogo con el Congreso.
