Gustavo Martinez
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, finaliza el 2023 con obstáculos en algunos de los proyectos insignia de su gestión.
Desde resellos, mociones legislativas, rechazo de recursos de apelación y acciones de inconstitucionalidad frenaron esas propuestas del Poder Ejecutivo, entre ellas: las jornadas excepcionales o 4-3, Ciudad Gobierno y la convocatoria a sesiones extraordinarias de proyectos de seguridad, por citar algunas.
Las diferencias más marcadas se presentaron entre el Gobierno y miembros de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y la Sala Constitucional.
Sin jornadas 4-3
En el mes de mayo se presentó una nueva discrepancia entre el Ejecutivo y el Congreso por la discusión del proyecto de jornadas excepcionales o jornadas 4-3.
Bajo esta modalidad, los trabajadores de algunos sectores de la economía podrían laborar 12 horas durante cuatros días y tener tres días de descanso.
El proyecto, que se discutió durante el primer período de sesiones extraordinarias del año y acumuló 855 mociones en su trámite de vía rápida: 393 provenían de la Comisión de Asuntos Hacendarios. La mayoría eran de la legislación anterio, presentadas por Paola Vega, quien fue diputada del PAC y luego independiente.
Las 431 mociones restantes fueron impulsadas por el Frente Amplio y algunos diputados de Liberación Nacional (PLN).
La Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz y los diputados conformaron una mesa de trabajo para revisar una a una las 855 mociones sobre el proyecto de jornadas 4×3 (Archivo / El Observador).
Luego de tres meses en el Congreso y, tras una moción de consenso, el proyecto avanzó en primer debate y obtuvo 32 votos, pasando así a una consulta de constitucionalidad en la Sala IV.
La propuesta pasó también por consulta de la Corte Plena, la cual determinó que el texto no ocupaba 38 votos. Con solo 29 o por mayoría ya podía convertirse en Ley de la República.
Sin embargo, el pasado 14 de noviembre, la Sala Constitucional se trajo abajo la discusión en segundo debate del proyecto, al señalar errores de procedimiento.
Esto debido a que los diputados de la legislatura anterior trasladaron el proyecto de la Comisión de Jurídicos a la de Hacendarios.
“Esperaremos el voto completo de la Sala Constitucional, es lamentable que este tipo de decisiones comprometan la inversión y generación de empleos de calidad como los que se pretendían crear con esta importante iniciativa”, manifestó la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, el 14 de noviembre en conferencia de prensa.
Luego de esto, cuatro fracciones legislativas (PPSD, PUSC, Nueva República y PLP) valoraron presentar un nuevo proyecto a la corriente legislativa.
Es así que a finales de noviembre los diputados oficialistas aseguraron tener listo un nuevo texto, manifestando que será su prioridad para el 2024.
“Ya lo tenemos listo, pero estamos esperando la integridad de la decisión de la Sala y lo vamos a hacer muy simple”, explicó la diputada oficialista Pilar Cisneros.
Inicialmente, los legisladores de Progreso Social prevén reformar tres artículos del Código de Trabajo, tomando en cuenta observaciones de otras bancadas, según reconoció la jefa de fracción.
OBSERVE MÁS: Diputados oficialistas tienen listo un nuevo proyecto sobre jornadas 4-3: “es muy simple”
Lista Gris: Unión Europea
Chaves recibió un nuevo resello legislativo en el presente año, por la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes ante la Unión Europea, conocido como “Lista Gris”.
El proyecto se denominó “Modificación a la Ley de Impuesto sobre la Renta para la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea”, impulsado principalmente por el PUSC.
Los diputados lo resellaron con 38 votos, el 29 de setiembre, tras el veto de Chaves el 14 de setiembre.
Fueron el PLN, PUSC, Nueva República y el PLP que revirtieron la decisión de Chaves, con el apoyo de Luz Mary Alpízar, de Progreso Social. El voto de Alpízar generó polémica y una fuerte reacción crítica por parte del mandatario.
Diputados del oficialismo calificaron de “traición” el apoyo de Luz Mary Alpizar para el proyecto de Lista Gris que permitió el resello por un voto. (Archivo / El Observador)
Mientras que, la bancada oficialista y el Frente Amplio (FA) votaron en contra de resellar el veto presidencial.
“Hoy es un día oscuro, un punto negro en la historia de nuestro país. Yo nada más me imagino el tipo de lobby, de influencias y de quien sabe que más pudieron haber recibido esos diputados”, expresó el presidente Chaves, el26 de setiembre, en conferencia de prensa.
El mandatario también calificó el hecho con adjetivos como “cínico”, “terrible”, “vergonzoso” y “antipatriótico”. El cuestionamiento del Ejecutivo es que en el texto se incluyeron cambios en los impuesto que beneficiarían a grandes empresas y bancos.
El resello consiste en el rechazo al veto presidencial sobre una ley. Es decir, los diputados aprueban una ley, esta pasa al Ejecutivo para su firma de aprobación y, en caso de no recibir el visto bueno, el mandatario aplica el veto presidencial.
La ley vetada retorna al Congreso y en caso que los legisladores discrepen de la decisión presidencial, se procede al resello legislativo.
El proceso legislativo se hizo contra el tiempo para cumplir con los plazos de revisión que había anunciado la UE. Finalmente, Costa Rica fue excluida de la lista de países no cooperantes pero quedó con algunos pendientes para resolver en el futuro y evitar un nuevo ingreso.
OBSERVE MÁS: Es oficial: Unión Europea saca a Costa Rica de su lista gris de “paraísos fiscales”
Ciudad Gobierno
Contar con un complejo gubernamental, que albergaría a más de 35 instituciones públicas y a 10.000 funcionarios, fue uno de los proyectos que recibió más impulso del Ejecutivo en este 2023.
No obstante, el plan tuvo su mayor obstáculo cuando la Contraloría General de la República (CGR) rechazó el 10 de noviembre el recurso de apelación en subsidio presentado por los ministerios de Planificación y de Hacienda.
El ente contralor rechazó la figura de arrendamiento propuesta, con la que se pretendía usar un terreno propiedad del Estado para su construcción.
Además, señaló la falta de un proceso de licitación pública, debido a que el Ejecutivo construiría a través de un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de $450 millones.
Ciudad Gobierno estaría ubicada en Plaza González Víquez, en un territorio propiedad del MOPT (El Observador).
Tanto Presidencia como el Ministerio de Planificación (Mideplan) insistieron en que la obra representaría un ahorro de $17 millones anuales, contra los $50 millones por año que cancela el Gobierno por concepto de alquileres.
Ante el rechazo del ente contralor a la figura propuesta en el proyecto, el Ejecutivo anunció la convocatoria de un proyecto propio al Congreso en sesiones extraordinarias.
La iniciativa busca una interpretación auténtica del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública. Así, queda a criterio de la Asamblea Legislativa la decisión final. Este proyecto se discutirá durante sesiones extraordinarias en enero próximo.
Seguridad
El Jefe de Estado también vio frenadas algunas iniciativas en materia de seguridad.
Una vez dio inició el segundo período de sesiones extraordinarias, de noviembre de 2023 al 31 de enero de 2024, el Ejecutivo convocó seis proyectos para combatir la inseguridad en el país. Los textos se prestaron en abril pasado y el Gobierno cuestiona que no tuvieran avances desde ese momento.
Los diputados recriminan que las propuestas no están bien construidas y que requieren mejoras. Además, la Asamblea dedicó el primer periodo de sesiones extraordinarias a Jornadas 4-3, por lo que las comisiones no tuvieron sesiones, argumentan los legisladores.
En el período se sesiones extraordinarias, el Ejecutivo toma el control de la agenda del Congreso.
Los diputados de oposición advirtieron las propuestas podrían estar en contra de ley o tornarse inconstitucionales. Es así que valoraron archivar hasta tres de estos proyectos de ley.
Esto provocó que el 21 de noviembre Presidencia desconvocara esos tres proyectos para evitar su archivo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, siendo estos:
- Expediente 23.688: Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
- Expediente 23.691: Ley para Adecuar la Respuesta de la Justicia Penal Juvenil a los Retos de la Criminalidad Violenta y la Delincuencia Organizada
- Expediente 23.692: Ley para Restaurar la Seguridad Pública y Contener a los Delincuentes que Representan un Peligro para la Sociedad.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, luego confirmó mesas de trabajo con los diputados y el Poder Judicial para el mejoramiento de estas tres iniciativas.
Sin embargo, los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico rechazaron por mayoría, el expediente 23.689 que buscaba reformar la Ley de Armas y Explosivos, impulsado por el Gobierno y que presentó en el marco de la operación “Costa Rica Segura”.
Esto generó un malestar a tal punto que el 22 de noviembre el presidente Chaves ordenó desconvocar también los proyectos restantes, en vista de las objeciones del Congreso.
El mandatario trasladó la responsabilidad a la Asamblea Legislativa y ordenó convocar las 26 iniciativas impulsadas por los legisladores. Finalmente fueron 22 proyectos los incluidos en la agenda.
De estas 7 fueron revisadas y pasaron a discutirse en el Plenario.
“En vista de la inacción y actitud del Poder Legislativo, le ordeno en este momento a la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico que ellos consideran apropiadas”, dijo Chaves el 22 de noviembre en una conferencia de prensa en Pococí.
“Ahora les tocará asumir de este momento en adelante, la responsabilidad política ante los ciudadanos de generar un marco jurídico que pare esta guerra y este desangramiento”, fustigó el jefe de Estado.
Estas declaraciones provocaron un nuevo roce entre Chaves y los diputados, con los reproches entre unos y otros sobre la ola de criminalidad que enfrenta Costa Rica, superando los 900 homicidios este año.
Supremos Poderes se reunieron para discutir y subsanar los proyectos sobre seguridad (El Observador).
Posterior a esta polémica, el presidente Chaves se reunió, de nuevo, con los presidentes de los Supremos Poderes para “arreglar” los proyectos de seguridad.
A inicios de diciembre, el Congreso aprobó dos de los proyectos convocados, mientras que otros dos fueron enviados a consulta al Poder Judicial.
Finalmente, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico establecerá un órgano que revisará y arreglará los proyectos de seguridad, el cual tendrá su primera sesión el 8 de enero de 2024, fecha en que los diputados retornan de sus vacaciones de Navidad y Fin de Año.
Será hasta las primeras semanas del 2024 que el Ejecutivo podrá conocer el avance de los borradores y los proyectos de ley convocados en la Asamblea Legislativa.
OBSERVE MÁS: Órgano que revisará y “arreglará” los proyectos de seguridad tendrá su primera sesión el 8 de enero
