Paula Ruiz
El Gobierno y un grupo de diputados acordó plantear una serie de modificaciones a uno de los proyectos de ley que se ligó a la aprobación de eurobonos.
Se trata del proyecto 22.661 “Manejo Eficiente de la Liquidez”, que estaba planificado para su aprobación el próximo jueves, aunque también aplazarán esta fecha al 15 de diciembre en primer debate para luego ser enviado a consulta facultativa en la Sala Constitucional.
“Hay algunas fracciones que quieren excluir del proyecto de ley a las universidades, municipalidades, ICT… entonces, como dice el ministro (de Hacienda, Nogui Acosta) y la Contraloría: si al final no se logra mejorar el manejo de la liquidez del Estado, mejor no hagamos nada. Y ahora la Contraloría está presentando datos sobre los miles de millones que gasta el sector público en comisiones bancarias”, afirmó Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo.
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Cisneros indicó que las negociaciones están abiertas con participación del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. Esta última estrictamente en su rol contralor y de asesoría.s.
El miércoles 7 de diciembre se presentará un texto sustitutivo con los cambios acordados en la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se analizará si hay acuerdo para ser sometido a votación en este órgano.
Ese texto contemplará las valoraciones de la Contraloría así como la esencia del proyecto, según destacó Gilberth Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) que integra ese foro legislativo.
El acuerdo para aprobar eurobonos también contempló el proyecto de Ley 22.983 “Apertura de deuda”. Sobre este, hay acuerdo para que sí sea sometido a votación este jueves tal cual estaba previsto.
Manejo eficiente
Acosta explicó a los jefes de fracción el jueves pasado que hay muchos casos en que se solicitan préstamos para solventar los presupuestos institucionales, pero estos últimos no ejecutan los recursos.
Por tanto, hay dinero sin usar por el cual se están pagando intereses mediante créditos.
En tanto, Jiménez apuntó a que el plan busca orden en las finanzas públicas porque “muchas veces se tienen fondos ganando intereses y somos corresponsables de tener este desorden”.
De esta manera, se crearía un sistema donde se administre la liquidez de todas las instituciones públicas. Lo anterior, sumado a que las entidades tendrían los recursos en el Banco Central y no en la banca comercial. Según Cisneros, esto permitiría ahorrar millones en comisiones bancarias.
El proyecto estima que con esto, se generarían ahorros por hasta ¢350.000 millones por año.
Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio dijo con anterioridad que pese a su voto positivo en la Comisión de Hacendarios, tiene dudas con respecto a la constitucionalidad del proyecto, particularmente con el artículo 85 relacionado al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
En esta misma línea, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se pronunció en contra de esta iniciativa en octubre pasado.
“Debilita la capacidad de las Universidades Públicas para generar ingresos y rentas propias que fortalezcan las actividades de investigación, extensión, postgrado y becas a la población estudiantil. Este efecto atenta contra lo establecido en el Artículo 85 de la Constitución Política de nuestro país”, señaló el Consejo Institucional del TEC.
La introducción o no de las universidades y las municipalidades será entonces, uno de los pulsos que deberán medir las bancadas.
Diputados, representantes de Gobierno y de la CGR se reunieron para buscar puntos de encuentro con respecto al proyecto de manejo de la liquidez. (Cortesía Asamblea Legislativa)
