Hermes Solano
La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó de manera rápida el tercer presupuesto extraordinario de este 2024 que les dará recursos a los distintos cuerpos policiales del país.
Serán un total de ¢3.400 millones ($6,6 millones) que se repartirán entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Instituto Costarricenses contra Drogas (ICD), Ministerio Público, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia.
Ese dinero proviene del decomiso hecho en el caso conocido como Ecostate Consulting Group S.A., que involucró al expresidente peruano Alejandro Toledo, por el delito de lavado de dinero.
A Toledo lo imputaron en Perú acusado de corrupción, involucrando empresas creadas para eludir el origen ilícito de los fondos.
Así se repartirán los recursos, según lo establece la ley 8754 contra la delincuencia organizada:
40% ($3,3 millones) al OIJ para la atención, el mantenimiento y la actualización de la Plataforma de Información Policial (PIP), así como para la investigación de delitos y la protección de personas.
20% ($1,3 millones) al ICD para gastos de administración, de aseguramiento, seguimiento y mantenimiento de los bienes decomisados y comisados.
10% ($663.000) al Poder Judicial, para el mantenimiento y la actualización del Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones (CJIC).
10% ($663.000) al Ministerio de Justicia, para cubrir las necesidades de la Policía penitenciaria.
10% ($663.000) al Ministerio Público, para la Oficina de la Atención para la Víctima del Delito.
10% ($663.000) al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación para cubrir las necesidades de los cuerpos policiales que lo integren.
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Para el Sinart
Otro de los rubros que se incluyen es el traslado de ¢1.000 millones al Sinart para la reestructuración de la institución.
Ese dinero se va a utilizar para el pago de liquidaciones de aquellos funcionarios que se acogieron a la movilidad laboral o que llegaron a un acuerdo mutuo de rescisión de contrato.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), señaló a la Comisión que hasta ahora son 23 personas las únicas que se acogieron a esa movilidad laboral. Además, denunció que desde la presidencia ejecutiva se está pensando en despidos.
Ante esto, los diputados de Hacendarios hicieron la salvedad en el proyecto que ese dinero que se trasladará solo podrá ser utilizado en el caso de los convenios.
“No tenemos suficiente información de que se mantengan esos convenios y por eso dejamos una coletilla donde se decía que se puede usar en los casos donde sí haya un acuerdo”, indicó Paulina Ramírez, presidenta de Hacendarios.
El presupuesto pasó al Plenario para su discusión y aprobación.
