Paula Ruiz
Diputados de oposición tienen dudas sobre respaldar la decisión del Gobierno de cambiar el destino de los recursos para el Fondo Nacional de Avales.
El plan que aprobaron los legisladores del cuatrienio anterior era destinar $270 millones para el rescate de empresas pequeñas y medianas afectadas por la pandemia.
No obstante, el Gobierno dijo que no usará esos recursos para ese fin, sino que buscará la autorización legislativa para el pago de un vencimiento de deuda de enero de 2023.
Kattia Rivera, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) externó su preocupación por las micro, pequeñas y medianas empresas, que en la actualidad son afectadas por el aumento en el precio del dólar y los combustibles.
“Mi preocupación es que aún se requiere tener esa facilidad de acceso por parte de las diferentes empresas, para contar con ese flujo de caja”, manifestó.
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En tanto, Vanessa Castro, diputada socialcristiana, sostuvo que hubiese preferido un estudio para determinar si las 18.000 empresas beneficiarias ya están en buenas condiciones.
“Cuando uno recorre las calles, sigue viendo los negocios cerrados, los candados cerrados, los locales sin alquilar y eso refleja que la mediana y pequeña empresa todavía no ha logrado superar el tema pandemia”, consideró la legisladora.
Una posición más contundente tuvo José Pablo Sibaja, congresista de Nueva República quien dudó de apoyar el cambio de los recursos.
“Me sigue dejando con mucho que pensar, inmediatamente cuando tuve conocimiento de la noticia me comuniqué con doña Pilar Cisneros y me dijo que van a agarrar eso para abonar a la deuda”, señaló.
“Hasta que yo no vea a Banca para el Desarrollo, dándole crédito a las pymes buscando, a los que que quieren invertir y crecer, no voy a ver viable que agarren esos recursos que ya por ley estaban destinados para Fondo Nacional de Avales para que se utilicen a otra cosa”, continuó Sibaja.
El neorepublicano recordó que el proyecto de ley de Fondo de Avales establece que en un plazo de 18 meses, los recursos deben ser colocados, de lo contrario aplicaría sanciones de índole penal contra ministro (de Hacienda)”.
Acorde con el Gobierno se posicionó el Partido Liberal Progresista. Su vocero, Eli Feinzaig, indicó que aunque si bien no conoce el proyecto de ley “podría ser un buen destino” el utilizar los fondos para el pago de deuda.
Eso sí, advirtió que le parece adecuado en tanto, no sea para aumentar el gasto público.
Feinzaig coincidió con el presidente Rodrigo Chaves, con que el Fondo fue creado “un poco a la carrera”.
A su vez, Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio destacó que si se pretenden tomar esos recursos únicamente para el pago de deuda, debería de haber garantía para ayudar a las pequeñas y medianas empresas.
Fortalecer el SBD
La diputada oficialista Pilar Cisneros, explicó que para ayudar a las mipymes, echarán mano de los recursos disponibles en el Sistema Banca para el Desarrollo (SBD).
Según dijo a este medio, se va a cambiar la estructura de SBD con tal de garantizar el acceso a los recursos económicos.
Cisneros afirmó que la noticia no debió haber tomado por sorpresa a diputados de oposición porque desde campaña política, Chaves había indicado la utilización de recursos del Fondo para otro destino.
El SBD tendría disponibles alrededor de $500 millones. La oficialista defendió la utilización de los $270 millones del Fondo para este pago porque “de poquito en poquito se hace un puchito”.
