Paula Ruiz
Los diputados aprobaron una moción para excluir a las universidades públicas de la aplicación de la regla fiscal para infraestructura y equipamiento. El dinero a utilizar es el acumulado hasta el cuarto trimestre de 2023.
La moción se incluye dentro del proyecto de ley 23.330 que está en espera de su segundo debate, el cual podría concretarse este jueves.
Esto se traduce en ¢70.000 millones que tienen acumulados sin poder utilizar por la restricción presupuestaria.
Gilberth Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), especificó que dichos recursos han estado congelados durante los últimos tres años.
“Con la aprobación de la moción, las Universidades Públicas podrán planificar la construcción de estas sedes y otras obras de infraestructuras necesarias en diferentes zonas del país, sin ninguna limitación de años, lo que lleva al fortalecimiento de la educación superior costarricense”, señaló el verdiblanco.
Jiménez especificó que dichos recursos no tendrán una limitante de tiempo para ser ejecutados y por tanto, se les faculta a utilizarlos en el año que así lo consideren las casas de enseñanza.
Para los congresistas, esta medida además de beneficiar a estudiantes fuera del Gran Área Metropolitana, también implica un punto a favor en la generación de empleo, tanto para la construcción de las obras, como en la contratación de personal para las distintas sedes universitarias.
Uno de los centros de enseñanza que celebró esta medida fue la Universidad Nacional. Su rector, Francisco González, destacó que tienen planeado nuevas edificaciones, equipamiento y mantenimientos.
“Son recursos que las universidades ya tenemos y, por lo tanto, no estamos generando un peso mayor al presupuesto del Estado costarricense”, aseguró González.
Adicionalmente, los legisladores aprobaron otra moción que excluye de la aplicación de la regla fiscal a aquellos ingresos generados de manera propia. Por ejemplo, en ventas de servicios académicos, científicos, tecnológicos y los recibidos de sus fundaciones.
Amplia lista
Cabe recordar que dentro de este proyecto de ley se excluirá a varias instituciones de la aplicación de esta norma presupuestaria.
Dentro de este grupo se incluyen las donaciones que reciban los entes u órganos del Sector Público no financiero.
La lista también libera de la Regla Fiscal:
- Pagos al “Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría” y “Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”.
- Los gastos e inversiones asignados a los cuerpos policiales del Estado y de investigación judicial.
- Los Entes Públicos no Estatales y sus subsidiarias
- El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur)
- Otras entidades de Gobiernos Locales, según el Clasificador Institucional del Sector Público vigente.
- La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
- La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), en lo relativo a los recursos propios provenientes de los cánones, las tasas y los derechos obtenidos en el ejercicio de sus funciones
- Las empresas públicas no financieras, sólo en lo que refiere al gasto correspondiente a su giro normal de negocios y las transferencias que por ley deban girar a favor de proyectos y programas sociales, financiado con ingresos propios provenientes de la actividad comercial o empresarial que realicen.
La regla fiscal nació con la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como la reforma fiscal de 2018, con el objetivo de establecer un tope de gasto.
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