Christine Jenkins Tanzi
El diputado Pablo Heriberto Abarca propuso una moratoria de seis meses para permitirle a los contribuyentes cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) sin exponerse a multas.
De aprobarse el proyecto, no se sancionaría un error o omisión durante el trámite del registro de accionistas con multas que alcanzan entre ¢1,35 millones y ¢ 45 millones.
Cumplir con la obligación antes del 31 de enero ha sido “un calvario completo” para los costarricenses, ante la falta de inducción de las autoridades y una plataforma poco amigable, según Abarca. Además, unos 119 mil representantes legales, o 80% del total, no contaban con la firma digital necesaria para realizar el trámite cuando se anunció el inicio del proceso.
“Es necesario que los costarricenses tengan un tiempo prudencial de aprendizaje, y no castigar severamente a los que quieren hacer bien las cosas”, dijo el diputado socialcristano Abarca este martes.
Sin embargo, el proyecto no eximiría al obligado de realizar la declaración ordinaria del periodo 2019. Para esto se estableció un cronograma, aunque las autoridades indicaron que los procesos para determinar cuáles de los obligados son incumplidores iniciarían hasta a partir de febrero del 2020:
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La Dirección General de Tributación puede imponerle al obligado que incumpla el suministro de información una multa pecuniaria del 2% de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.
Abarco presentó la propuesta bajo el el expediente 21.758.
“Decrétese una moratoria de seis meses improrrogables, a las sanciones que se
derivan del régimen sancionador”, dice la propuesta legislativa.
Christine Jenkins Tanzi
