Gustavo Martinez
Una situación poco común se presentó, el pasado lunes 8 de enero, cuando en dos comisiones investigadores distintas distintas en la Asamblea Legislativa los declarantes se abstuvieron de responder las preguntas de los legisladores.
Fueron el exasesor del presidente Rodrigo Chaves, Federico Cruz “Choreco”, en la comisión investigadora sobre el Financiamiento de Partidos Políticos; así como, el exdirector de prensa de Casa Presidencial, Armando Gómez, en la comisión investigadora de las contrataciones del Sinart, realizadas el pasado lunes.
Ambos declarantes argumentaron el artículo 36 de la Constitución Política, para abstenerse a declarar.
Ante esto, los diputados miembros de ambas comisiones alegaron un “abuso” del recurso constitucional de abstenerse a declarar.
“Esperábamos una mayor transparencia en la participación de los señores de la información que le brindaran a la comisión. Ambos, en sus escenarios cuentan con un enorme conocimiento de lo que ocurrió en finanzas y en el Ministerio de Comunicación. Claro que esperábamos información de dos personas que, sin lugar a duda, tienen un enorme conocimiento”, manifestó la diputada del PLN y presidenta de la comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, Dinorah Barquero.
Diputada Dinorah Barquero alega un abuso del derecho constitucional sobre abstenerse a declarar por parte de los testigos Federico Cruz y Armando Gómez (Archivo/El Observador).
“Ambos comparecientes, uno en la mañana y otro en la noche, se apegaron a un recurso constitucional que, por supuesto, es respetable es uso de un derecho no el abuso. Debido a que está claramente establecido en nuestro marco legal donde la persona es portadora de unas consideraciones, condiciones, derechos limitaciones y atribuciones, dependiente en las condiciones que usted se apersone a brindar un testimonio, si es como acusado, imputado o testigo”, agregó la legisladora.
Sumado, recordaron a los comparecientes que la abstención se realiza, en términos legales, cuando se funge como parte imputada en una investigación.
El diputado del Frente Amplio (FA) y miembro de ambas comisiones, Ariel Robles, recordó que la abstención, pese a ser un derecho constitucional en el marco jurídico, tiene sus implicaciones en el ámbito político.
“Tiene implicaciones porque deja en evidencia que las personas que viene a la Asamblea, que está siendo cuestionada por actos irregulares, por corrupción, por chorizos y, que se abstiene, lo hace con la expectativa o con el interés de seguir ocultando esas irregularidades frente a la opinión pública”, destacó Robles.
“Por tanto, cuando una persona se abstiene, es porque tiene mucho que ocultar, porque si tuviese la transparencia como bandera, no tendría el temor de acudir a ningún espacio político a decir lo que sucedió y lo que corresponde. En definitiva, habla mucho cada vez que un compareciente pasa por la Asamblea Legislativa y se abstiene de declarar”, agregó el diputado.
Diputado Ariel Robles les cuestionó sobre la trasparencia de los comparecientes al no querer declarar en las comisiones efectuadas el pasado lunes (Archivo/El Observador).
Los diputados enfatizan en que los declarantes no acudieron a estas comisiones legislativas como acusados.
“Nosotros no acusamos, nosotros investigamos y llamamos a las personas que tengan conocimiento de los hechos, como testigos. Para que usted se abstenga de brindar un testimonio, es que este le afecta y se establece que debe serlo cuando exista una causa penal abierta, pero no hay ninguna causa abierta, no se les está acusando de ningún delito”, afirmó la diputada Barquero.
Sin declaración
En una primera comparecencia, el pasado mes de diciembre, Cruz respondió las interrogantes de los diputados sobre el financiamiento de la campaña del partido Progreso Social en 2022.
Durante la audiencia declaró sobre su rol en comunicación durante la campaña y su desempeño como exasesor del presidente Rodrigo Chaves.
Cruz dio a conocer las donaciones que realizó al partido a título personal, como fue el alquiler de una vivienda ubicada en Montes de Oca que sirvió como cuartel electoral durante la segunda ronda de 2022.
También recibió los servicios de asesoría del empresario argentino, José Norte. Estas donaciones no las reportó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Sin embargo, su disposición a responder cambió en la segunda comparecencia, el pasado 8 de enero, donde se negó a atender las consultas de los legisladores, en apego a su derecho constitucional.
Cruz se negó a declarar, alegando ataques y ofensas en la primera comparecencia, en pago a un derecho constitucional (El Observador).
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Este mismo argumento utilizó Armando Gómez, para evitar dar respuestas ante las consultas de los diputados miembros de la comisión investigadora del SINART.
Gómez alegó negarse a declarar, en vista que aparece en los audios que filtró la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y añadió que el fiscal general, Carlo Díaz, investiga las contrataciones del Gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el productor Christian Bulgarelli en temas de pauta publicitaria estatal.
Además, el declarante alegó que no se referiría a las consultas para evitar entorpecer futuras investigaciones.
Temor
La diputada Dinorah Barquero destacó el hecho que el compareciente Armando Gómez, además de apegarse al recurso constitucional, se abstuvo de declarar al temer por su integridad.
Luego aseguró que no tenía miedo de estar en la audiencia y que no recibió ningún tipo de presión para no responder.
Este escenario les hace cuestionarse a los diputados si existió coacción, amenazas o pagos, a fin de que los convocados a comparecer no respondan las consultas realizadas.
Barquero insistió que es un acto recurrente y preocupante que los comparecientes aleguen temer por su integridad al declarar, así sucedió con la expresidenta del PANI, Gloriana López y con la exministra de Comunicación, Patricia Navarro.
“Es muy preocupante que un testigo llegue a la Asamblea Legislativa a decir que teme por su integridad frente al poder del estado. Hay que cuestionarse: ¿quién lo amenaza?, ¿quién lo presiona? Esas son partes que también tienen que investigarse”.
La legisladora asegura que estos son portillos que quedan abiertos en la comisión, las cuales buscan, únicamente, investigar y concluir casos que abren portillos a cuestiones irregulares.
A modo general, los congresistas integrantes de las comisiones citadas valorarán la conformación legal de las normas frente al “abuso de un derecho para encubrir un delito”, señaló Barquero.
“Una cosa es el uso de un derecho y otra es el abuso de un derecho. Aquí se está haciendo un uso abusivo y ninguna norma que otorga ese derecho le habla a usted que puede abusar del mismo. Entonces, habrá que revisar la normativa para que ese portillo sea revisado, se ajuste y se cierre y se valore esa situación, a la luz de lo ocurrido, finalizó la legisladora.
En ambos casos, los diputados aprobaron una moción para certificar el acta y que se traslada al Ministerio Público para que se investigue tanto a Cruz y a Gómez, dada su negativa de declarar y disponer de forma abusiva del recurso constitucional en la comisión legislativa respectiva.
