Paula Ruiz
En una votación secreta realizada por la Comisión de Nombramientos, cinco diputados votaron a favor y otros dos en contra, de la continuidad de Roberto Jiménez como regulador general de Aresep.
Así las cosas, los legisladores recomendarán al Plenario que Jiménez se mantenga en el cargo hasta mayo de 2028 para completar 12 años en el cargo.
El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca reclamó la decisión del foro legislativo porque todavía hay dos vacantes en la Junta Directiva de Aresep que no han sido cubiertas pese a estar vacías desde mayo anterior.
En contraparte, se valora la continuidad de Jiménez aunque su nombramiento se vence hasta mayo de 2022.
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“Hay dos vacantes que no porque no han negociado, aquí mandaron una terna, no negociaron y fue rechazado, no hemos repuesto esto y estamos recomendando reelegir al regulador general, faltando cinco meses para que venza su nombramiento”, dijo.
“Esto me parecía una estrategia por si había receso se vencía plazo y se reeligiera automáticamente, aquí hay una estrategia de imponer esto”, continuó Abarca.
Abarca se refiere a que el Congreso tenía 30 días hábiles para pronunciarse sobre la ratificación después de que el Consejo de Gobierno así lo decidiera el martes anterior.
Se rumoraba que los diputados iban a aprobar una moción para irse de vacaciones durante todo enero pero, al final se esfumó esa posibilidad.
Adicionalmente, apuntó a que el Gobierno planteó este tema sobre la mesa como cálculo electoral pues a su criterio esta decisión debía tomarse después de la primera ronda de votaciones.
El liberacionista Luis Fernando Chacón se sumó a las críticas hacia el Poder Ejecutivo por utilizar el nombramiento como cálculo político.
Para Chacón, la Aresep “le ha quedado debiendo al país” por colocarse del lado de los sectores y no, de los usuarios.
Reconoce su labor
En una posición contraria, el oficialista Víctor Morales, consideró que la decisión legislativa implica un reconocimiento a la labor de Jiménez.
“Me parece que hay documentos e informes que respaldan una gestión positiva, acertada, pensando en los usuarios (…) más allá de ningún cálculo o estrategia específica de parte del Ejecutivo”, defendió.
La decisión se tomó pese a la solicitud de la Asociación de funcionarios Aresep y Sutel (AFAS) quienes solicitaron declinar la ratificación del nombramiento.
Este lunes, El Observador informó que el sindicato envió una nota a los diputados para solicitarles un concurso y recordarles que el Gobierno ha criticado la reelección en puestos populares como el de alcaldes. Por tanto, catalogaron como un “contrasentido” que soliciten la continuidad de Jiménez quien está en el cargo desde 2016.
“¿Por qué la remisión de la propuesta de un nuevo nombramiento de una persona a la que le faltan cinco meses para finalizar su periodo? ¿Acaso no es más urgente nombrar a los miembros de la Junta Directiva faltantes para poder resolver los recursos que a nivel tarifario se presenten, así como las demás incidencias necesarias para la buena marcha de la institución? Llama la atención las prioridades de este gobierno”, indicó el sindicato.
Esta mañana se solicitó una reacción a Floria Segreda, diputada presidenta de la Comisión de Nombramientos pero, no quiso hacerlo.
Durante la sesión de esta noche, respaldó la labor del regulador general y optó porque la discusión se amplíe en Plenario.
La diputada Floria Segreda quien preside la Comisión no quiso responder sobre Jiménez. Horas después, se mostró a favor de la labor del regulador general. Fotografía: Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo
Con sello PAC
En abril de 2016, Jiménez fue ratificado como regulador general después de ser promovido para el cargo por el entonces presidente Luis Guillermo Solís.
Las críticas surgieron porque el jerarca laboró durante 20 años en el Instituto Costarricense de Electricidad la cual es regulada por Aresep.
Para ese momento, Jiménez logró la ratificación debido a la ausencia de legisladores del PAC. Eso implicó que la sesión legislativa no pudiera desarrollarse y con ello, el nombramiento se realizó de manera automática.
En 2018, la Contraloría General de la República ordenó a Jiménez la devolución de 55 millones de colones dados como cesantía.
La CGR justificó la petición en el artículo 285 del Código de Trabajo donde se impide ocupar un cargo público después de haber renunciado.
La única opción para integrarse a otro trabajo en la función pública, es reintegrando la cesantía. Jiménez renunció al ICE el 9 abril de 2016, dos días después de la ratificación de su nombramiento.
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