Paula Ruiz
Dos mociones de censura contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta fueron presentadas este jueves en la Asamblea Legislativa.
Una, es promovida por las bancadas del Frente Amplio (FA) y el Partido Liberación Nacional (PLN) y otra, por el Partido Liberal Progresista (PLP).
Para aprobar una moción de censura es necesario que al momento de la votación se obtenga como mínimo 38 votos. Esta es la acción política más fuerte contra algún miembro del Poder Ejecutivo y en Costa Rica solo se aplicó en una ocasión, contra el exministro de Seguridad, Juan Diego Castro en 1995.
El Reglamento legislativo establece que el Directorio deberá fijar la fecha para discutir esta petición, la cual no podrá efectuarse antes de cinco días desde la presentación de la moción de censura, ni diez días después.
Aunque, debe tenerse claro que los diputados se van de vacaciones a partir del próximo jueves 6 de julio y regresan el lunes 17 de julio por lo que cabe la posibilidad de que su discusión quede para después de este receso.
Ese órgano legislativo está en la obligación de comunicarle al ministro correspondiente, en este caso a Acosta, la fecha fijada para este debate.
“La moción de censura debe concretar los motivos en que se funde. El pronunciamiento de la Asamblea se considera firme y no será procedente, en consecuencia, el recurso de revisión”, indica el artículo 214 del Reglamento.
Ahora bien, la cantidad de votos está fijada en la Constitución Política, específicamente en el inciso 24) del artículo 121 donde indica que: “por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos”.
¿Cuáles son las motivaciones?
La moción del Frente Amplio y el PLN justifica que en la interpelación realizada a Acosta en Plenario el día 28 de junio, “quedó en evidencia que el supuesto mega caso de fraude fiscal vinculado al BCT carecía de sustento técnico y se instrumentalizó políticamente, lo que resta legitimidad a la lucha contra el fraude”.
Como segundo punto, expone que a cambio del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, enviaría un presupuesto con dicho contenido lo cual implicaría el cierre de la Asamblea Legislativa. Esto es catalogado por este grupo de legisladores como “una amenaza a la independencia de Poderes y al orden democrático”.
Con respecto al tercer punto, se refiere a la objeción de Acosta por girar los fondos correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Que el 30 de mayo de 2023 en comisión legislativa reiteró la retención de $27 millones destinados a pagar la deuda que el Estado tiene con la CCSS”, indica la moción.
Finalmente, señalan que todo lo anterior afecta la confianza y credibilidad del ministerio de Hacienda y que, en las dos interpelaciones al jerarca, ha dado declaraciones “inexactas”.
“Yo no sé si el ministro comprende que al ser ministro de un Poder de la República, no puede andar amenazando con cerrar otros poderes cuando las cosas no son como él quiere. No puede andar instrumentalizando políticamente la lucha contra el fraude fiscal que es algo muy serio, que tenemos que combatir la evasión y la elusión hasta el último día, sea quien sea, judicializarlo, llevarlo con pruebas y seriedad correspondiente y no, dedicarse a hacer shows para perseguir a quienes no les caen bien. Ya es suficiente, en nuestra opinión, no puede seguir al mando de la cartera del ministerio de Hacienda”, declaró Sofía Guillén, jefa de fracción del Frente Amplio.
En tanto, Óscar Izquierdo, vocero del PLN consideró que Acosta al haber fundamentado el caso del BCT en un TitkTok “evidencia la mentira y la poca seriedad para poder denigrar a una persona, independientemente de quien sea, sobre ese tema”.
De acuerdo con el verdiblanco, debe haber seriedad para tratar los temas del Estado costarricense y confianza en quien administra los impuestos “y para nosotros, no nos genera ninguna confianza el hecho de que se base en un TikTok para hacer una denuncia de esa magnitud”.
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En cuanto a las motivaciones de la fracción liberal, tiene como base la conferencia de prensa realizada por Hacienda en enero pasado cuando se anunció el megacaso de fraude fiscal realizado supuestamente por Leonel Baruch, ligado al BCT y a CRHoy.com
El PLP califica ese anuncio como “algo que (Acosta) sabía que era falso”, según indican en el documento.
“Que hoy se conozca que, para el mes de enero de 2023, antes del acto señalado, el Ministerio ya sabía que el contenido de la conferencia no tenía fundamento, pues el caso no existía, no se puede atribuir a un error, y no se puede porque es un órgano técnico del propio Ministerio de hacienda el que lo dice de manera oficial, mediante un informe del 26 de octubre de 2022, firmado por el señor Gustavo Solano Morales, subdirector de control de procesos fiscalizadores”, detalla la moción.
Aunado a lo anterior, le achacan un “descuidado manejo” en el proyecto de venta del Banco de Costa Rica, así como la iniciativa para reformar el impuesto sobre la renta en los salarios en donde Acosta tuvo que reconocer un “error personal” por rebajar la base contributiva.
“Y la resistencia del ministerio por honrar, la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social, reflejan la improvisación con que se han manejado temas tan delicados, que impide identificar soluciones políticamente viables y efectivas”, suma el PLP.
Como último punto, también similar a la moción del FA y PLN, reflejan el malestar porque el jerarca dijo que cerraría la Asamblea con tal de cumplir con el 8% del PIB para educación.
Jorge Dengo, diputado liberal consideró importante la defensa del individuo frente a las instituciones y no, ser un mecanismo para perseguirlo, sin importar la persona o corporación que sea.
“Creemos importante hacer este fuerte llamado de atención, con el cual cuenta la Asamblea Legislativa para que un ministro atienda sus obligaciones, que han quedado claramente demostradas en dos interpelaciones”, señaló.
Nueva República informó que no apoyarán las mociones de censura contra Nogui Acosta, ministro de Hacienda.
Los 38 votos
Por una parte, tomando en cuenta que todo el PLN apoye esta moción, junto al Frente Amplio reunirían 25 votos, insuficientes para esa censura que se planea.
Mientras tanto, el PLP tiene seis votos que lo hace todavía más complejo para ese fin.
Ahora bien, la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) está compuesta por nueve congresistas, quienes tomarían una decisión hasta el próximo lunes, fecha en que se reúnen para analizar temas semanales.
“Por las implicaciones técnicas y jurídicas de un voto de censura. La fracción estará tomando una decisión hasta los próximos días”, dijo Alejandro Pacheco, jefe de fracción de la Unidad.
Si, eventualmente se inclinan por un apoyo, sumaría 34 votos para la del PLN y FA o bien, 15 con el PLP. En ambos escenarios, también son insuficientes.
Con respecto a Nueva República, no habría ningún apoyo para alguna de las mociones de censura presentadas. Para esta agrupación que reúne siete votos, las interpelaciones realizadas son suficientes.
“Nueva República no está de acuerdo, ya lo hemos discutido en fracción, aunque sus acciones sí ameritaban una interpelación, tal fue el caso que se hizo en el Plenario (el miércoles), creemos que este instrumento se creó para asuntos muy excepcionales. Todos sabemos acá que una vez se aplicó con Juan Diego Castro cuando era ministro de Seguridad, rodeó la Asamblea rodeados con chalecos antibalas y demás. De parte nuestra sería un extremo, una moción de censura en este momento”, justificó Fabricio Alvarado, líder de Nueva República.
Así las cosas, se dependería de dos escenarios, uno con el respaldo o no del oficialismo compuesta por diez congresistas.
Aunque en votaciones anteriores, las oficialistas Luz Mary Alpízar y María Marta Padilla han tomado decisiones distintas a la mayoría de su fracción, para esta ocasión tendrían la misma línea.
Alpízar descartó cualquier apoyo a estas mociones al considerar que el Gobierno está realizando una lucha contra la evasión fiscal.
“El tema de megacasos está en Fiscalía y la investigación está en curso, considero que lo importante aquí es que el Gobierno aquí envió un mensaje contundente de que toda empresa que cometa un delito fiscal será enviada al Ministerio Público y eso es lo que, por muchos años hemos esperado los costarricenses”, declaró a El Observador.
“Esa voluntad del Gobierno, amerita el mayor respaldo de todos y yo no estoy de acuerdo con un voto de censura contra el ministro Acosta”, señaló.
La oficialista manifestó que el Congreso debe centrarse en continuar avanzando en proyectos como el de jornadas 4-3 y Presupuestos Extraordinarios.
La otra posibilidad sería que el PLN, FA y PLP logren un acuerdo sobre alguna de las mociones para complementar 31 votos y depender exclusivamente de la decisión que tome el PUSC.
Todavía no se define una fecha para esta discusión.
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