Hermes Solano
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, estuvo este miércoles en el Plenario de la Asamblea Legislativa siendo interpelado por los diputados respecto al “megacaso” de fraude fiscal que involucra al empresario Leonel Baruch y al banco BCT y que, según Gobierno habría provocado un daño al fisco por ¢11.000 millones.
Es la segunda vez que los legisladores llamaron al jerarca de Hacienda sobre este tema. La primera vez fue el 31 de enero.
Ahora, Acosta regresó debido a que supuestamente omitió un informe del 26 de octubre de 2022 en el que se pidió archivar el caso denunciado y que enviaron al Ministerio Público.
Ante las preguntas de Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Acosta señaló que la denuncia realizada el 19 de enero tuvo como origen un “tik tok” y una denuncia anónima.
“La denuncia parte de un tik tok que existía y andaba ahí”, le dijo el jerarca a Izquierdo en el Plenario.
El diputado cuestionó al jerarca sobre cómo desprender un caso tributario y judicial de un Tik Tok.
La denuncia anónima habría llegado a la administración tributaria en agosto de 2022 y dos meses después se desestimó el caso, según el informe realizado por el subdirector de Control de Procesos Fiscalizadores, Gustavo Solano, en el que advirtió que no existía delito y se recomendaba archivar la denuncia.
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“No miento”
Varios diputados le señalaron a Acosta que mintió y ha mentido alrededor de este tema en diferentes oportunidades, incluido lo dicho el 31 de enero anterior.
“Llega aquí y miente. Miente no solo a mí, ni a mi fracción, sino a la Asamblea Legislativa y a los costarricenses”, le dijo Kathia Rivera del PLN.
“La mentira que usted me dijo acá se comprobó y tanto así que se encuentra demandado judicialmente”, añadió la legisladora, recordando que en enero el jerarca le dijo que había un informe que detallaba la causa.
También Paulina Ramírez y Francisco Nicolás fueron enfáticos en que Acosta mintió y lo ha hecho alrededor del caso.
“No comparto esa línea de pensamiento de querer decir mentiras o verdades a medias para tratar de denigrar honras ajenas”, le dijo Ramírez.
Otra diputada que le señaló mentiras fue Kathia Cambronero, del Liberal Progresista, quien cerró su intervención indicando que se merece un voto de censura desde la Asamblea Legislativa.
Ante esto, Nogui Acosta indicó que él no ha mentido en ningún momento y que solo ha cumplido con su obligación como funcionario público.
“Cuando un funcionario público tiene una noticia y nosotros teníamos una denuncia anónima, mi obligación como funcionario es hacer el análisis, mandarlo al Ministerio Público si estaba prescrito en la parte de administración tributaria”, dijo el Ministro.
“No he mentido, no le he mentido a esta Asamblea, ni a los costarricenses”, reiteró.
Entregado el informe
Ante la resolución de la Sala Cuarta sobre un recurso presentado por Baruch para que le entregaran el informe técnico que avaló el enviar el caso del BCT al Ministerio Pública, Nogui indicó que se le entregó el martes.
“Ayer fuimos notificados del fallo integral de la Sala Constitucional y se le hace entrega al amparado del informe respectivo”, confirmó en el Plenario.
El ministro aseguró que antes no se hizo porque el informe estaba incluido en el expediente judicial y que las partes podían tener acceso al documento.
También mantuvo su posición de que no conocía nada alrededor del caso y que lo único que hicieron, junto a la administración tributaria, fue anunciar los casos y enviarlos a la Fiscalía.
El 19 de enero anterior, el Ministerio de Hacienda informó que denunció ante la fiscalía un ‘megacaso’ de fraude fiscal, que habría provocado un daño al fisco por ¢11.000 millones.
Este caso involucraba a una persona física ligada a un banco privado en Costa Rica, cuya identidad en ese momento no trascendió.
Esa misma persona, explicaron las autoridades, tiene poder sobre un banco y un ‘holding’ en Panamá, adonde se habrían trasladado las ganancias producidas en el país para así evitar el pago de impuestos.
Los supuestos hechos delictivos se habrían registrado entre los años 2008 y 2015.
Así lo comunicaron el ministro Acosta y el director general de Tributación, Mario Ramos.
Posteriormente trascendió que la Fiscalía había desestimado la investigación.
No obstante, el Gobierno ha insistido sobre la necesidad de investigar este tema. Esto pese a que en el Ministerio de Hacienda también se había cerrado.
