Paula Ruiz
Un hecho insólito sucedió este año en el Congreso con la votación de dos resellos como respuesta a vetos emitidos por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El primer capítulo se escribió el 10 de octubre cuando los congresistas decidieron revertir la decisión presidencial con respecto al sistema de emergencias 9-1-1.
Lo anterior, con la exclusión de ese sistema de la aplicación de la regla fiscal lo cual le permitía acceder a ¢600 millones para su funcionamiento.
El trámite se efectuó después de una reñida disputa entre las oficialistas Pilar Cisneros y María Marta Padilla luego de acusaciones de la segunda sobre la primera por maltratos.
El punto de quiebre habría sido el voto a favor por parte de Padilla, siendo esta posición contraria al resto de la bancada.
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“El hecho de discrepar, no le da derecho a nadie, absolutamente a nadie y menos a otra diputada compañera de fracción a denigrar, gritar y dar un trato prepotente y grosero”, indicó Padilla.
“Quisiera, que es la palabra de ella contra la mía… hay ocho testigos, entonces que les pregunten a ellos, que presenciaron lo que pasó”, respondió Cisneros en ese momento.
Una semana después, el Plenario volvió a cerrar filas para un nuevo veto. Esta vez sobre el proyecto de ley de sostenibilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito.
El veto se efectuó mediante el argumento de que el proyecto extiende por tres años más las concesiones para quienes ya cuentan con la disponibilidad de un espacio en el Depósito.
Lo anterior, ligado a que existían procesos abiertos de licitación, lo cual, según el Gobierno, podría generar algún tipo de responsabilidad legal en perjuicio del Estado.
No obstante, privó la tesis de que no existe superposición de derechos dado que se trata de una licitación y no hay ninguna adjudicación.
Por tanto, no se ha generado ningún tipo de derecho para alguno de los participantes en el proceso licitatorio.
El único veto que sí acogieron los congresistas recayó de forma total sobre el expediente 22.221 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales de Salud Ocupacional.
En esta ocasión, acogieron el veto y por ende, archivaron la propuesta, ante la imposibilidad de enmendarlo por la ausencia de una propuesta por parte del Ejecutivo.
“Ubicatex”
El analista legislativo Daniel Calvo, recordó que en abril, cuando los diputados del periodo 2018-2022 cerraban sus labores, aprobaron una gran cantidad de iniciativas “a golpe de tambor, sin menor discusión”.
Eso llevó al mandatario a plantear los vetos a algunas iniciativas que, a su criterio en algunos casos “tenía razón”.
Pero, cuando empezó a vetar y el Poder Legislativo se dio cuenta del plan y que no estaban compartiendo los reflectores, le pusieron un estate quieto y le dijeron: bueno, acuérdese que apenas tiene 10 diputados y si usted cree que va a hacer las cosas así tan vertical, no”, destacó Calvo.
De esta manera, los vetos comenzaron a trazar un camino para que el Gobierno “entrara en razón de que no podía hacer y deshacer en la Asamblea y se dio cuenta que solo cuentan con una fracción minoritaria”, amplió el analista.
Para Calvo, esto sirvió al Ejecutivo para entender que debían dejar de estar ceñidos en la autorización de $6.000 millones en eurobonos y optar por ceder.
Es por este motivo, que se realizó una mesa de diálogo con diputados de las diferentes bancadas para concretar un acuerdo posible que se hizo realidad hasta finales de noviembre.
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