Josué Alvarado
La empresa costarricense Artelec, dedicada principalmente a la venta de electrodomésticos, acudió al Juzgado en busca de una medida cautelar que le permite cuidar sus bienes para que no se los rematen en medio de una complicada situación financiera que atraviesa.
La solicitud de “medida cautelar ante causam y provisionalisma concursal” fue interpuesta por el presidente de las sociedades que integran Artelec, Felipe Zelkiwicz Grytun, el pasado 25 de mayo.
La solicitud responde a que durante los próximos meses la compañía no tendrá recursos para pagar sus deudas, según consta en el expediente N° 22-000050-0958-CI, al que El Observador tuvo acceso.
En el documento, Artelec reconoce que no podrá pagar las cuotas de los millonarios créditos que suscribió con nueve entidades financieras, entre ellas dos públicas y siete privadas.
Por eso, de forma preventiva pidió al Juzgado Concursal una medida cautelar para que esos acreederes no puedan, todavía, ejecutar las garantías de dichos préstamos. De lo contrario Artelec podría perder su patrimonio: inventario, certificados de depósitos a plazo, pagarés formalizados por ventas a crédito, etcétera.
El Juzgado Concursal de San José declaró parcialmente con lugar dicha solicitud el 15 de junio anterior según confirmó el Poder Judicial a este medio.
De esta forma, se le otorgó un mes a Artelec para que solicite instaurar el proceso concursal, a través del cual se buscaría llegar a acuerdos con los distintos acreedores para continuar con el pago de la deuda y, al mismo tiempo, con el negocio.
“Sin embargo, a criterio del juez y por solicitud de parte, dicho plazo se podría ampliar, según fuera necesario”, informó el Poder Judicial ante las consultas de El Observador.
“Insuficiencia de liquidez”
En la solicitud de medida cautelar, el bufete de abogados representante de la empresa, Artavia y Barrantes, escribe que “la compañía se encuenta en una insuficiencia de liquidez, que le impide satisfacer puntualmente sus obligaciones”.
La situación económica de la empresa está en dicho estado debido a factores como la crisis de contenedores, los efectos de la pandemia, una baja en las cuentas por cobrar, la entrada en vigor de la ley de usura, entre otros.
Incluso argumenta que el robo de un contenedor en febrero del 2022 valorado en $150.000 afectó el patrimonio, lo que en el balance total impide hacer los pagos.
El Observador intentó conversar con Felipe Zelkiwicz Grytun desde este 28 de junio a través de su teléfono celular, sin embargo, remitió a la abogada a cargo del caso, Katherine Calvo. Ella tampoco respondió a este medio, que le contactó vía correo electrónico.
“Por esta incapacidad de cumplimiento de pago de las obligaciones financieras derivadas de las situaciones antes expuestas, es que la compañía se ve obligada a solicitar estas medidas cautelares concursales”, señala la solicitud de medida cautelar.
“Con el objetivo de presentar, dentro del plazo legal, después que se admitan las medidas, para preparar y presentar en forma, un proceso concursal con todos los acreededores que permita”, añade el documento.
Millonaria deuda
Otro de los factores que agrava el estado de las finanzas de la empresa es que algunas de las deudas están en dólares. Las cuotas responden al tipo de cambio, que se ha comportado hacia la alza en las últimas semanas.
En colones el total de la deuda de esta empresa costarricense asciende a ¢7.793.142.568, mientras que en dólares a $4.344.948, según consta en el expediente judicial.
Artelec argumenta que debido a que las garantías se constituyeron a través de fideicomisos, prendas con desplazamiento y garantías mobiliarias bastaría con pocos pasos para que los acreedores puedan tomar sus garantías.
"Tienen procedimientos extrajudiciales de remate, por lo que basta la publicación de un edicto, en un periódico de circulación nacional y aviso privado, para el remate de sus bienes productivos", justifica Artelec ante el juzgado.
"Son muy expeditos y céleres, y darían por ello una ventaja al acreedor que lo inicide primero", agrega la medida redactada por el bufete Artavia y Barrantes.
El Poder Judicial explicó a este medio que una vez que se ordene el proceso concursal no existe un plazo para que este finalice.
"Dependerá del grado de endeudamiento y los activos de la promovente y el avance mismo del proceso", respondieron vía correo.
