Rodrigo Díaz
De “confiscatoria y ruinosa” para el sector calificaron los empresarios del combustible la iniciativa del Gobierno que pretende rebajar el precio de la gasolina y el diésel.
La iniciativa, presentada el viernes a la Asamblea Legislativa bajo el expediente 22.966, busca reducir el impacto del alto precio internacional del petróleo, causado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Para los representantes de la Cámara de Empresarios del Combustible, el Ejecutivo pretende imponer sanciones económicas al sector de distribución del país.
Aseveran que se trata de una confiscación de fondos para los empresarios, y que rehúsa disminuir el costo que representa el impuesto único a los combustibles.
Dicho impuesto representa entre un 32% y un 33% en el caso de las gasolinas, y de un 21% para el diésel.
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Rechazo
Los empresarios rechazan la iniciativa debido a que el Gobierno “lo hace en forma autoritaria y revelando un total desconocimiento de la operación del subsector distribución de combustibles”, adujeron.
Señalaron que tano el ministro de Hacienda como el presidente de la República, “creen que el margen de distribución es porcentual respecto al precio al consumidor, ignorando que el modelo del expendio valora costos de operación, por lo tanto, es un monto fijo en colones por litro”.
Añadieron que ese dinero se utiliza para pagar distintas obligaciones como salarios, cargas sociales, cargos operativos, mantenimiento, etc.
De este modo, la iniciativa de ley sería una incautación del 25% de la tarifa del margen de comercialización fijado por Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El margen de comercialización se obtiene de la aplicación de un modelo tarifario, en el que priva el principio del servicio al costo. Este reconoce las inversiones, gastos y depreciación, entre otros para fijar la tarifa al prestador del servicio.
“Nuestra organización considera que es una propuesta reactiva, desequilibrada y falta de análisis, que lo único que hace es socavar al sector, sin impactar efectivamente los precios para los consumidores en general, expresó Alberto Mesén, presidente de la cámara, quien señaló que podrían tomarse acciones legales contra la iniciativa.
“La propuesta desde ya genera un ambiente de inseguridad jurídica y pone en riesgo la continuidad del servicio”, continuó.
Mesén reiteró que la propuesta hundirá aún más a las pequeñas y medianas empresas que recién se están recuperando de la pandemia.
Impacto para los gasolineros
En resumen, los gasolineros consideran que la ley es “confiscatoria y ruinosa”.
Entre otras afectaciones, señalan:
- Una confiscación de dos veces el capital de trabajo de una estación de servicio promedio.
- Devolver el margen de distribución 10 años atrás pero con los costos actuales de operación.
- Un impacto mayor a lo experimentado en plena pandemia durante el 2020.
- Pretende incautar recursos similares al pago mensual de los salarios operativos o al pago total de servicios y mantenimiento de sistemas, planta y equipo.
- La sanción económica implica 3,3 veces más el impuesto de renta que pagan en promedio las estaciones de servicio y el transporte
Recope deberá hacer nueva propuesta de aumento
La propuesta del Gobierno pretende, entre otras cosas, dejar sin efecto la actual petición de revisión de tarifas de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
En ella, se plantea un aumento de ¢87 en el precio del litro de la gasolina súper;¢85 para la gasolina regular y de ¢121 en el diésel.
En su lugar, Recope debe presentar una nueva solicitud con montos menores, aunque no especifica en cuánto.
Además, el Ejecutivo propone reducir tanto el margen operativo de Recope como el margen de comercialización de los gasolineros.
Por otra parte, se otorga un crédito fiscal para deducir del Impuesto de la Renta entre ¢78,15 y ¢92,4 por cada litro de gasolina o diésel. Este sería un mecanismo de compensación para el sector productivo, de transporte público y de transporte de carga.
Rodrigo Díaz
