Juan Pablo Arias
Las Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) considera que entregar parte de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) para el pago de deudas personales, solo garantizaría un aumento de la pobreza en la vejez, para los costarricenses mayores de 65 años.
Así reaccionó la organización, tras conocerse que el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó ante la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que propone abrir un periodo de 12 meses (transitorio) para permitir que los asalariados usen hasta el 30% del dinero que tienen en el ROPC para amortizar sus deudas.
“El proyecto podría tener buena intención, pero carece de fundamento y estudios”, indicó ACOP, en un comunicado.
La Asociación agregó que la actual crisis del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social debe llamar al país a fortalecer los regímenes complementarios, “en lugar de sabotearlos”
Según sus cálculos, una disminución del 30% del ROPC implicaría una baja mínima en la tasa de reemplazo de un 6%, lo que deteriorará la calidad de vida de los trabajadores en su época de vejez.
“Las reformas aprobadas recientemente para estabilizar el IVM implican una disminución promedio de un 13% en la pensión de los costarricenses, y el ROPC es el encargado de suplir esa disminución. Si lo descapitalizamos, obviamente, no va a cumplir su función”, argumentó Danilo Ugalde, director ejecutivo de ACOP.
“Un despropósito”
En opinión de la Asociación, resulta un despropósito permitir que los afiliados empleen en gastos diarios el dinero que, con tanto esfuerzo, han venido ahorrando a lo largo de su vida laboral, para tener un monto mejor de pensión más alta cuando se pensione.
“Deben buscarse alternativas para solucionar los problemas de endeudamiento de las personas, (como ampliación de plazos, alivios, disminución de intereses, fondos para avales de reestructuración), pero la propuesta de entregarles el dinero que los ampararía en la vejez para que paguen deudas hoy, les garantizara una situación de pobreza en la etapa de mayor vulnerabilidad de las personas. Incluso, esta situación tendría implicaciones fiscales posteriores, siendo el Estado el que tendría que cubrir esta desprotección en la vejez”, afirmó Ugalde.
ACOP insistió en la necesidad de ver el ROPC como un sistema de pensiones de la seguridad social, para garantizar una pensión a largo plazo y no un ahorro para gastarlo fugazmente en deudas diarias.
“El ROPC fue creado como un complemento de la pensión básica. Desde entonces, los expertos vaticinaban la disminución de la pensión básica y, de manera visionaria y responsable, los diputados de aquella época aprobaron la creación de una pensión que complementara el ingreso de los jubilados en la adultez mayor”, agregó Ugalde.
En momentos en que la mejora en la expectativa de vida y las bajas tasas de natalidad estrujan los regímenes básicos de los países latinoamericanos, no es un buen negocio debilitar los sistemas complementarios de pensiones, añadió la Asociación.
“En contraste con estas iniciativas se deben buscar propuestas que garanticen los derechos de los futuros pensionados, en aras de proteger a los afiliados”, concluyó el director ejecutivo de la Asociación.
Aseguró que revisará el proyecto en su integridad y brindará todos los criterios técnicos y económicos para demostrar que la iniciativa trae más perjuicio que beneficio para los afiliados y pensionados.
ACOP agrupa a las seis operadoras de pensiones del país: BAC Pensiones, BCR Pensiones, BN Vital, CCSS OPC, Popular Pensiones y Vida Plena.
