Tomás Gómez
La semana laboral tuvo un arranque atípico en varias municipalidades del país, luego de que el OIJ y la Fiscalía irrumpieron con una serie de allanamientos por la denominada “Operación Diamante”.
Se trata de un nuevo escándalo de corrupción donde funcionarios públicos habrían recibido distintos beneficios en la gestión de obras públicas que iban desde dinero en efecto hasta reparaciones en sus casas.
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El caso se sigue bajo el expediente 20-009616-0042-PE y según la Fiscalía Anticorrupción los supuestos delitos son:
- Cohecho propio: ocurre cuando un funcionario público recibe dádivas o ventajas por hacer un acto contrario a sus deberes o dejar de cumplir sus obligaciones. Según el artículo 348 del Código Penal la sanción va de 2 a 6 años de cárcel y una prohibición de 10 a 15 años para tener cargos públicos.
- Tráfico de influencias: la Ley contra la Corrupción la condena con penas de 2 a 5 años de cárcel. Para configurarse, el artículo 52 de la ley pide que una persona influya sobre un funcionario público para “retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones”, generando así ventajas económicas para sí mismos u otros.
- Penalidad del corruptor: según el artículo 352 del Código Penal aplica al que dé, ofrezca o prometa a un funcionario público una dádiva o ventaja indebida y llegue a configurar delitos como corrupción agravada o corrupción de jueces. Según su gravedad hay sanciones de 1 hasta 12 años.
Ventaja de las penas bajas
En caso de haber condenas, el derecho procesal penal podría ayudar a los eventuales condenados.
Todos los delitos tienen penas mínimas menores a 3 años, lo que habilitaría aplicar la “ejecución condicional de la pena”.
Este beneficio se regula en los artículos 59 y 60 del Código Penal y consiste en evitar la cárcel para las sentencias que impongan menos de 3 años de encierro.
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Para concederlo, la ley pide a los jueces valorar aspectos como el arrepentimiento y deseo de reparación que muestren los condenados.
Además, se exige que los beneficiaros no tengan antecedentes penales.
El proceso legal de la Operación Diamante se desarrollará en los Tribunales de Justicia del II Circuito Judicial de Goicoechea, donde se ubica en Juzgado Penal de Hacienda (Archivo/El Observador)
“Convención” de alcaldes
La llamada “Operación Diamante” explotó este lunes a primera hora con 40 allanamientos.
Estos incluyeron 8 municipalidades: San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Golfito, Siquirres y Osa. También se intervinieron casas de alcaldes y la oficina del Convenio MOPT-BID, además de oficinas particulares.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal. Presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, los funcionarios intervenían para generar beneficios indebidos
Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades. Estos incluyen parques, aceras y mantenimiento de vías.
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Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas. A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
Entre los delitos que se investigan, bajo el expediente 20-009616-0042-PE.
Un total de 13 personas quedaron detenidas y serán indagadas en el II Circuito Judicial de Goicoechea. Luego se hará una audiencia donde se pedirán medidas cautelares.
