Tomás Gómez
Este lunes se reanudará el juicio contra el exsacerdote Mauricio Víquez, acusado de abuso sexual en perjuicio de una persona cuando era menor de edad.
El debate arrancó el 24 de enero, pero debió anularse y comenzar de cero.
Esto se debió a que el juicio debió suspenderse unos días por motivos de agenda y cuando se iba a reanudar, el 9 de febrero, se informó de que uno de los jueces, Henry García, dio positivo por covid-19. Debido a ello, la sesión no podía continuar.
Como no se cumplieron los 10 días que dicta el Código Procesal Penal como espacio máximo para mantener interrumpido un juicio, todo lo hecho hasta el momento quedaba nulo.
Mauricio Víquez enfrenta la justicia por cinco delitos de abuso sexual contra un menor de edad, hechos aparentemente ocurridos en 2003 y denunciados por la víctima en 2018.
Este es el único de los procesos que enfrenta el excura. El Tribunal de Desamparados, que lleva el caso, declaró como prescritos otros tres.
El juicio está previsto que se realice entre el 21 y 25 de marzo. El excura guarda prisión preventiva en la cácel de Pérez Zeledón.
Juicio civil contra la Iglesia
Por otra parte, el próximo viernes 25 de marzo iniciará el juicio por demanda civil contra la Iglesia Católica, y el arzobispo de San José Monseñor Rafael Quirós.
A la jerarquía se le acusa por la responsabilidad civil en el caso de los supuestos abusos sexuales cometidos por el exsacerdote Mauricio Víquez.
La audiencia en la que se verá el caso se confirmó desde el pasado mes de noviembre. La presentaron tres personas que aseguraron ser víctimas de Víquez. Sus casos prescribieron por la vía penal, pero pueden darle seguimiento por la civil.
“Desde el año 2002, la Iglesia Católica conocía de la existencia de esos delitos perpretados por el padre en bienes de la Iglesia, entiéndase vehículos, residencias e iglesias, y nunca hizo absolutamente nada para evitarlos”, dijo Rodolfo Alvarado, abogado de las víctimas.
Por medio de un comunicado de prensa, la Arquidiócesis de San José confirmó que se trata de una audiencia civil, es decir, no hay ninguna acusación penal contra el jefe de la Iglesia Católica de Costa Rica.
“La pretensión de los demandantes es que se le reconozca un daño psicológico y moral por una altísima suma de dinero”, señaló el documento.
En una anterior comunicación, la Iglesia rechazó los hechos, pero no se pronunciará al respecto debido al proceso judicial en curso.
