Tomás Gómez
La comparación de que hizo la diputada frenteamplista Sofía Guillén sobre varios escándalos que han enfrentado los Gobiernos de Costa Rica no cayó bien a la expresidenta Laura Chinchilla y así lo dejó claro en redes sociales.
El martes por la tarde Guillén publicó un mensaje en el que comparaba los cuestionamientos por el manejo de la publicidad de la actual administración y el caso de La Trocha -surgido en la gestión de Chinchilla- y el Cementazo -que marcó el período de Luis Guillermo Solís-.
“El caso “Choreco” y ese audio de Rodrigo Chaves que hoy (martes) se filtró huele cada vez más a Trocha Fronteriza y a Cementazo: huele a podrido. Tiene el olor de la política de los últimos cuarenta años”, posteó la economista y actual congresista.
La representante del Frente Amplio hace referencia a los audios que compartió al exministra de comunicación del actual Gobierno, Patricia Navarro, a La Nación, sobre el manejo de publicidad, entre otros temas, por el mandatario y su equipo.
En horas de la noche, la exmandataria liberacionista reaccionó. Chinchilla argumentó que no eran escenarios equiparables y defendió el proceder que tuvo entonces.
“En el caso de la Ruta 1821 las irregularidades no fueron inducidas ni avaladas por la presidencia, todo lo contrario, fueron dadas a conocer y puestas en conocimiento de la fiscalía por parte de mi persona”, afirmó.
Chinchilla agregó que aún esperan la resolución judicial del caso de la Ruta 1856, que es el nombre correcto.
Lo que pasó con La Trocha
Durante la Administración de Laura Chinchilla se dieron algunos de los episodios más álgidos de las diferencias con Nicaragua. En ese momento, para evitar la navegación por el Río San Juan se arrancó con la construcción de un camino paralelo que comunicara las comunidades fronterizas.
En el proceso, sin embargo, surgieron cuestionamientos en el proceso de contratación y construcción.
Para mayo del 2012, Chinchilla denunció las quejas que había recibido.
Según narró, a ella le comunicaron mediante una llamada telefónica que funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOPT) y varias empresas idearon un esquema para sacar dinero de manera fraudulenta de la obra; aprovechando los menores controles que se aplican en las contrataciones de emergencia.
El caso aún sigue a la espera de juicio. Se había programado un debate para marzo anterior, sin embargo se debió postergar por el accidente que sufrió uno de los investigados.
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