Josué Alvarado
Este lunes 20 de noviembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) presentó ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública una acusación contra seis funcionarios debido a un presunto nombramiento ilegal.
La acusación y la solicitud de apertura de juicio es contra la superintendente general de entidades financieras y de Pensiones, Rocío Aguilar, y el superintendente de Valores y Seguros, Tomás Soley.
También contra el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent.
La acusación involucra a otros dos funcionarios de apellidos Vallejos Naranjo (funcionaria del Área de Comunicación y Servicios de la Supen), Chaves Hernández (Gestión del Factor Humano del Banco Central).
Por último, se señala a un funcionario de apellidos Pacheco Umaña, quien se habría beneficiado del nombramiento aparentemente irregular en el puesto de director de Planificación y Normativa en la Superintendencia de Pensiones (Supen).
A las personas involucradas se les investiga por los delitos de nombramiento ilegal, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y prevaricato, según cada caso.
Se investigan por varios delitos
La acusación de la Fiscalía dice que las primeras personas habrían promovido y nombrado de manera ilegal al coimputado.
Además, se sospecha que Pacheco y Dent indicadoron en documentos públicos que el interesado contaba con un requisito del cual presuntamente carecía, mientras que Chaves y Vallejos estaban enterados de esta supuesta irregularidad.
El caso se tramita bajo el expediente 23-000234-1218-PE y ahora corresponde al Juzgado Penal programa la audiencia preliminar, donde se determinará si el caso se eleva a debate oral y público.
Ante la consulta de este medio el Conassif reaccionó y defiende que el nombramiento hecho en agosto del 2023 se hizo mediante los “servicios administrativos usuales que el Banco Central de Costa Rica brinda a las superintendencias”.
También informó que los jerarcas involucrados han colaborado con las autoridades judiciales en todo momento.
“Debido a la etapa en la que se encuentra el proceso y por respeto al ordenamiento jurídico costarricense los funcionarios ligados al caso no brindarán declaraciones adicionales”, señaló el consejo.
