Paula Ruiz
El Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio insisten en retomar el tema del Acuerdo de Escazú en el Congreso.
La petición se realizó el jueves anterior, durante la reunión de jefaturas de fracción por parte del frenteamplista José María Villalta. La posición la respaldó Laura Guido, vocera del PAC.
“Nosotros hemos venido trabajando en una propuesta de cláusulas interpretativas para atender las objeciones que han surgido sobre este informe y queremos ponerlas en conocimiento de las fracciones”, declaró Villalta.
Además de solicitar un espacio para presentar la propuesta, pidió conocer el informe de Comisión de Consultas de Constitucionalidad para poder avanzar en esas modificaciones que pretende.
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Por su parte, Guido indicó que su compañera de bancada Nielsen Pérez ha estado buscando las sinergias para llegar a acuerdos en el tema.
Meses atrás, el tema estuvo en el ojo público donde el sector privado mostró su oposición debido al riesgo principalmente sobre el empleo.
Ahora, ambas bancadas buscan retomar la discusión del Acuerdo que fue impulsado por Costa Rica pero que requiere autorización legislativa.
La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el grupo ligado a Nueva República, adelantaron su oposición a esta iniciativa.
¿Por qué la oposición?
Se adoptó el 4 de marzo de 2018 en Escazú, San José y por eso lleva su nombre.
Algunos puntos que generan oposición tienen que ver con que las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) tendrán peso para tomar decisiones en el ámbito ambiental sobre nuevos proyectos de inversión.
También se les otorga la potestad para realizar denuncias sobre contaminación sin pruebas, según expuso la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) con anterioridad.
Por su parte, Uccaep enlistó seis portillos de inseguridad jurídica después de un análisis del proyecto:
- Carga de la prueba: se invierte el principio de inocencia. Ya no son los denunciantes quienes deben demostrar el daño sino los denunciados probar su inexistencia
- Protección: se establecen medidas cautelares para los denunciantes sin margen para los acusados
- Reiteración: no trae nuevos aportes a los derechos de acceso a la información o participación ciudadana
- Intimidad: se amplía el acceso a los datos sin contemplar los derechos a la intimidad de destaca la Constitución
- Falta de claridad: incluye referencias como “autoridad competente” que dejan abiertas las interpretaciones legales, pudiendo generar incluso la intervención de entes privados en las decisiones públicas
El proyecto había sido ratificado en primer debate aunque la Sala Constitucional advirtió de vicios en el procedimiento que no dieron publicidad al proceso.
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