Gustavo Martinez
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, advirtió, este martes en conferencia de prensa, que la fuga de personal y una menor cantidad de recursos podrían provocar un narco estado en Costa Rica.
Esto en respuesta a las declaraciones de este martes por parte del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) el cual rechaza un proyecto de ley que pretende sacar al OIJ de la Ley Marco de Empleo Público.
Al tiempo el jefe policial aclaró, que, con los recursos suficientes el OIJ evitaría este escenario adverso.
“Mientras el OIJ prevalezca y opere esa posibilidad no será una realidad en Costa Rica”, manifestó el jerarca.
Zúñiga enfatizó que la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (regla fiscal) y la Ley Marco de Empleo Público, con topes salariales, han afectado las condiciones salariales del personal del OIJ.
Argumentó que entre 2011 y 2018 contabilizaron únicamente 14 renuncias, en cambio, con la entrada en vigencia de la Ley 9635, las renuncias superan los 300 casos.
“OIJ no lo hace por capricho, sino por una situación país. Vivimos una crisis de criminalidad, homicidios. Se requiere la exclusión para que el país no sucumba”, dijo Zúñiga.
El jefe de la policía judicial destacó el requerimiento del personal técnico más calificado y, que esto, se garantizaría de la mano de quedar fuera de ambas normas fiscales.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, indicó los riesgos de mantener al organismo dentro de la Ley de Empleo Público (Gustavo Martínez/El Observador).
“Si se van todas las personas, el OIJ no va a tener las herramientas para afrontar los casos. Si no tenemos la capacidad para demostrar delitos, no va a haber una respuesta técnica para comprobar los delitos. El hecho que se nos está yendo el personal técnico a otras instituciones, por mejores condiciones, nos preocupa. Sobre todo, el costo para reemplazar a ese personal técnico”, detalló el jerarca.
“Fuga de talento”
Zúñiga enfatizó que es importante la retención de este personal, ya que cuentan con una experiencia práctica, técnica y una red de contactos que no es una realidad en el caso de las personas recién contratadas.
Por lo que destaca la importancia de la aprobación del proyecto de ley para excluir a este organismo de la Ley de Empleo Público.
Se trata del expediente 24.191 “Ley de mejora de la capacidad del Organismo de Investigación Judicial en la prevención y combate del crimen”, presentado por la diputada del Liberal Progresista (PLP), Kattia Cambronero, el pasado 27 de febrero.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de cinco fracciones legislativas.
La propuesta de la diputada liberal busca reformar el tema de la ley de Fortalecimiento y la de Empleo Público para los puestos técnico-científicos de la autoridad judicial.
También reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para devolver incentivos al personal técnico especializado, profesional, policial y jefaturas del OIJ.
Zúñiga sumó que no el proyecto no versa sobre la solicitud de un aumento al presupuesto del OIJ, sino, que operarían con los mismos recursos, pero bajo un esquema de salario compuesto y no global, que es el que establece la Ley Marco de Empleo Público.
“No estamos pidiendo un aumento de presupuesto para el OIJ. Con el presupuesto que tenemos es suficiente”, agregó.
En contra
La ministra de Planificación Nacional, Laura Fernández, este martes en conferencia de prensa, dejó muy clara su posición de rechazo a la intención legislativa de excluir al OIJ de la Ley de Empleo Público.
Fernández señaló que este organismo se encuentra dentro del Poder Judicial, y que este, fija los salarios y se rige bajo el sistema de salarios globales.
La ministra de Planificación indicó que la medida legislativa podría “abrir portillos para que el resto (instituciones) quieran salirse”.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, aseguró que medida legislativa puede abrir un portillo para el resto de las instituciones que quieran salirse de la Ley Marco (Archivo/El Observador).
Zúñiga rechazó este argumento, señalando que, la apertura de un supuesto portillo no es una justificación o un aspecto de índole técnica.
“No se vale decir que se va a abrir un portillo y que los demás decidan irse. No podemos hipotecar el país de esta forma. Se dice que se abre un portillo para que el resto se excluya. OIJ la está pidiendo por una cuestión de seguridad”, respondió el jefe policial.
“Abrir un portillo no es un argumento sobre el equipo técnico del OIJ”, añadió Zúñiga.
De igual forma, Fernández advirtió que la medida puede contener un “riesgo de inconstitucionalidad”.
Ante una posible acción de inconstitucionalidad del proyecto de ley, el jerarca del OIJ, recalcó que no se debe adelantar criterio y que esto lo decidirá la Sala respectiva.
Hacienda se pronuncia
En la misma línea de Mideplan, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, expresó los posibles riesgos de excluir al OIJ de ambas normativas fiscales.
Acosta prevé un desmantelamiento de la Ley 9635 y una desestabilidad en el sistema financiero.
“Nos preocupa por dos razones; la primera es el desmantelamiento de la ley 9635, que creó una serie de condiciones para el pago de prohibición y anualidades; regresar a ese momento (anterior a ello) va a generar una distrofia en el sistema”, explicó.
Aseguró que van a tener personas recibiendo el 65% de prohibición y otros apenas el 30% o el 25% por el mismo rubro.
“El segundo tema por el que no estamos de acuerdo es porque el Poder Judicial declaró que todos sus puestos son exclusivos y excluyentes”, añadió.
Para Acosta, la estrategia que está utilizando el OIJ sobre el tema “va mal encaminada”.
Ante la crítica por parte de Mideplan y Hacienda, sobre que el personal del OIJ se declaró como “exclusivo y excluyente”, con respecto a la Ley de Finanzas Públicas y la Ley de Empleo Público, Zúñiga responde que dicha condición no les da una autorización para fijar sus propios salarios y que existe un tope a lo interno del Poder Judicial.
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