Sergio Arce
Dinero, vehículos, terrenos, viajes y hasta favores sexuales.
Estos son algunos de los “favores que funcionarios públicos recibían de manera constante y que se mantuvieron en el tiempo” como parte de la red de corrupción que este lunes fue desarticulada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía.
Dicha red habría malversado ¢78.000 millones entre el 2018, 2019 y primer trimestre del 2020 en obra pública, principalmente vial, de acuerdo con el OIJ.
“Los funcionarios públicos esencialmente lo que recibían eran favores y sobornos constantes que se mantuvieron en el tiempo, que respondían ya a una articulación planificada desde el punto de vista delictiva por parte de ellos”, declaró Walter Espinoza, director de la policía judicial.
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En un megaoperativo realizado desde muy temprano cerca de 700 agentes realizaron 57 allanamientos a oficinas de Gobierno y casas de habitación.
Entre los sitios allanados se encuentra Casa Presidencial. Las diligencias se centraron en un hombre de apellidos Saldarriaga Jiménez, uno de los asesores más cercanos al presidente Carlos Alvarado.
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Los “pagos” a empleados públicos
Wálter Espinoza, director del OIJ, explicó que esta red de “favores y sobornos” respondía a una “articulación planificada desde el punto de vista delictivo de parte de ellos (de los aparentes beneficiados).
“Y esto les permitía obtener dinero, viajes, vehículos, terrenos, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse. (Esto) para efecto de que una empresa pueda verse beneficiada”, explicó Espinoza.
La investigación comenzó en el 2019, luego de una serie de denuncias e “informaciones confidenciales”.
Lo anterior señalaba la existencia de un grupo de funcionarios de diferentes instituciones, principalmente el Conavi, que recibió favores de parte de empresarios en beneficio de contratos de obra pública.
“El Ministerio Público y el OIJ indagaron y obtuvieron una declaración de crimen organizado y esto permitió trabajar de manera diferente cuando se investigan hechos de corrupción.
“(Nos permitió) compilar datos muy concretos e ingresar en el ámbito íntimo de las relaciones ilegales que se estaban fraguando y conocer la actividad que derrollaban las empresas, cómo se ponían de acuerdo con los funcionarios y cómo se trasegaban los favores”, detalló Espinoza.
Los investigados
La investigación permitió no solo el allanamiento de sus recintos, si no que también el levantamiento del secreto bancario.
La causa penal 19-000025-1218-PE tiene como investigados a las personas con los siguientes apellidos:
- Acosta Mora
- Naranjo Vargas
- Arce Barrantes
- Godínez Abarca
- Cerdas Araya (detención)
- Saldarriaga Jiménez
- Ugale Rojas
- Trejos Amador
- Barth Ramírez
- Quesada Aguirre (detención)
- Acosta Mora
- Alfaro Padilla
- Meléndez Cerda
- Zamora Zamora (detención)
- Sittenfeld Apple
- Gutiérrez Vargas
- Rodríguez Vargas
- Araya Mena
- Zamora Zúñiga
- González Carballo (detención)
- Bolaños Salazar (detención)
- Solís Vargas
- Martínez Martínez (detención)
- Abarca Quesada (detención)
- Arce Alpízar (detención)
- Madrigal Rímola (detención)
- Fallas Zúñiga (detención)
- Herrera Chacón (detención)
- Cervantes Morales (detención)
- Castro Rodríguez (detención)
- Carmona Rivas (detención)
- Solís Vargas (detención)
- Mora Obando (detención)
- Chaves Mora (detención)
- Bonilla Guillén (detención)
- May Cantillano (detención)
- Ureña Villalobos (detención)
- Fallas Hernández
- Salamanca Flores
- Monge Hernández (detención)
- Mata Madrigal y otros
Hasta el momento hay 29 detenidos, de los cuales 18 son funcionarios públicos.
Colaboración con autoridades
Casa Presidencial informó que dará toda la colaboración a las autoridades judiciales en la diligencia de investigación que están realizando en busca de recabar elementos.
“Reiteramos la profunda convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas”, informó Casa Presidencial.
Esta es la segunda ocasión en que este recinto es allanado en aproximadamente año y medio. En la primera ocasión fue por el caso de la UPAD.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, se mostró sorprendido por los allanamientos.
“No tengo mayor información. Es lamentable esta situación, los hechos que se están denunciando. Que algo así esté pasando en un programa tan exitoso. Supongo que habrá que esperar para que se aclare un poco toda esta situación”, declaró a El Observador.
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Agregó que pide a los funcionarios toda la colaboración con las autoridades judiciales. Según explicó, tenía relativamente poca información.
Méndez comentó que sabía que en la sede del MOPT, en Barrio Luján, se allanó la Dirección Financiera y la oficina del MOPT-BID-cantonal.
Asimismo, en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ubicado en Sabanilla de Montes de Oca, se realizaron allanamientos.
