Marco Marín
La decisión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de no renovar contratos con los generadores privados de energía, ha propiciado un fuerte enfrentamiento entre ambas partes.
Tal ha sido la magnitud del choque que el propio mandatario, Carlos Alvarado, solicitó la semana pasada al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) que presente una propuesta para impulsar un proyecto de ley que ofrezca una solución al tema.
A pesar de que esta propuesta estaría siendo anunciada en los próximos días, los afiliados de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) aún desconocen los detalles, según declaraciones del presidente de la agrupación, Salomón Lechtman.
“Participamos en unas reuniones de alto nivel convocadas por el entonces ministro (de Enlace con el Sector Privado, André) Garnier. Pero, ante su salida, las reuniones dejaron de darse.
“Sabemos que el Minae está trabajando algo, pero desconocemos los detalles”, afirmó ante las consultas de El Observador.
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Un día antes, la Cámara de Empresa de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet) manifestó su inquietud ante lo que tildó de una iniciativa abrupta por parte del Poder Ejecutivo. Incluso, recordó que “ni siquiera es necesaria”.
“(Es) preocupante que, de manera arbitraria y apresurada, en un contexto tan convulso y difícil como el que atraviesa el país, el Gobierno anuncie un proyecto de ley que vendría a ‘descremar’ el mercado eléctrico nacional.
“En el que, para complacer intereses particulares, se lesione el interés común”, señaló la entidad mediante un comunicado de prensa.
Al mismo tiempo agregó que la legislación actual ya establece los lineamientos para que los distribuidores de energía puedan comprar energía a generadores privados, por lo que un nuevo texto es contraproducente.
En ese sentido, el jerarca de Acope fue más allá y señaló que existen vías legales por las cuales se podría aprovechar la capacidad instalada y la alta eficiencia de las plantas de generación privadas.
Añadió que estas han sido explicadas al Presidente Alvarado en sendas cartas, que le han enviado este años (febrero y marzo).
Posibles reformas
La primera de las reformas sería al Reglamento de la Ley 30.065, explicó Lechtman. Esta permitiría a productores eólicos y de biomasa vender directo a las distribuidoras y cooperativas.
La segunda sería modificar la Ley 8723 y el artículo 6 de la Ley 8345. Esto, con el objetivo de habilitar la venta directa de energía a distribuidores con el objetivo de propiciar tarifas más competitivas.
No obstante, para el portavoz de Acope sí es necesario impulsar un proyecto de ley que le permita vender al exterior la energía que el ICE no adquiera.
Por su parte, Cedet agregó que, independientemente de su posición, cualquier iniciativa nueva debe incluir a “a las empresas municipales y cooperativas, que han solicitado la apertura de las exportaciones desde hace muchos años”.
Mientras tanto, el Minae no ha ofrecido mayores detalles al respecto. Simplemente, mencionó que la nueva propuesta no incluye cambios radicales en el modelo actual.
“Solo cambiará el marco legal para permitir que los generadores privados puedan exportar sus excedentes al Mercado Eléctrico Regional, por su cuenta y riesgo. Este proyecto No está planteando cambiar las reglas del mercado eléctrico nacional ni el modelo eléctrico actual.
“Podría abrir, dentro del marco legal actual para el mercado local, opciones de compra a los generadores privados que no tengan un contrato en firme con el ICE, o cuyos contratos vencen pronto. Sin embargo, recalcamos que esto no modificaría en nada las reglas actuales”, aseguró la entidad, con un comunicado de prensa, el viernes pasado.
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Polémica decisión
Desde el año pasado, el ICE decidió posponer, de manera indefinida, la renovación de contratos con generadores privados. Incluso, a pesar de que las tarifas son más baratas de acuerdo a datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), afirmó Lechtman.
A raíz de esto, afiliados de Acope han tenido que cerrar cuatro plantas y esta cifra podría incrementar a seis, a finales de año.
- PH Poás I y II, cerradas desde el 15 de setiembre del 2020
- P.E Plantas Eólicas Tilarán (PESA), su contrato venció el 28 de noviembre de 2020
- P.H. Don Pedro, su contrato venció el 30 de noviembre
- P.H. Volcán, su contrato venció el 30 de noviembre
Un informe de la Contraloría General de la República, señaló al ICE recientemente por tener un conflicto de interés en esta situación. La entidad criticó que la institución tiene injerencia sobre la demanda de estos generadores a pesar de ser productor y generador dentro del mismo sistema.
Marco Marín
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